La antigua ‘líder de facto’ de Birmania Aung San Suu Kyi, derrocada en el golpe de Estado de febrero de 2021, ha sido sacada de prisión y puesta bajo arresto domiciliario, según fuentes citadas por la cadena de televisión británica BBC.

Suu Kyi, de 78 años, ha sido trasladada a un edificio gubernamental en la capital, Naipidó, tras cerca de un año en aislamiento en el marco de una serie de condenas impuestas contra ella tras su detención y encarcelamiento a raíz de la asonada.

La junta militar de Birmania no se ha pronunciado por ahora sobre el traslado de Suu Kyi, tras las numerosas peticiones por parte de la comunidad internacional a favor de su liberación y entre especulaciones sobre su estado de salud, rechazadas por parte de los militares.

Suu Kyi se reunió el 12 de julio con el ministro de Exteriores de Tailandia, Don Pramudwinai, en el que supuso su primer encuentro con un alto cargo extranjero desde su detención durante el golpe de Estado. Tras ello, el ministro tailandés destacó que la política y Premio Nobel de la Paz «goza de buena salud».

Desde su detención, la junta se ha negado a que sea visitada por altos cargos extranjeros e incluso ha negado la entrada a prisión a sus abogados, a los que ha prohibido hablar con los medios de comunicación. En junio del año pasado fue trasladada de su vivienda a una prisión, donde se encuentra en aislamiento.

Suu Kyi actuó como líder ‘de facto’ del país entre 2016 y 2021, acumulando competencias a través de varias carteras, dado que la Constitución le impedía ser presidenta debido a que sus hijos cuentan con doble nacionalidad. El puesto era ocupado en el momento de la asonada por Win Myint, igualmente detenido.

El golpe fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.

El golpe se vio seguido por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes que se ha saldado hasta la fecha con cerca de 3.850 muertos y más de 24.000 detenidos, según datos publicados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).