La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha pedido que una junta médica evalúe el estado de salud del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2022 por su presunta implicación en el caso ‘golpe de Estado I’, que investiga la salida de Evo Morales de la Presidencia boliviana en 2019.

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, ha enviado una carta a la Dirección General del Régimen Penitenciario en la que ha mostrado su preocupación por el aspecto que Camacho aparentaba en unas imágenes de una audiencia judicial.

«En merito a las expresiones de preocupación sobre el deterioro del estado de salud de Luis Fernando Camacho Vaca y las denuncias públicas de su abogado particular, señalando que solicitaron evaluaciones médicas especializadas en reiteradas ocasiones, pero que todas fueron negadas hasta el momento, solicitamos a su autoridad propicie una junta médica en relación al estado de salud física y mental de la persona privada de libertad», ha señalado.

Callisaya ha propuesto que la junta médica esté compuesta por especialistas del régimen penitenciario y médicos de confianza de la familia de Camacho: «Todo con el objetivo de que, de manera urgente, cuente con una atención médica integral y especializada».

Camacho, recluido en la cárcel de Chonchocoro, es una de las principales figuras de la oposición al actual presidente de Bolivia, Luis Arce. Su arresto estuvo motivado por su papel en las violentas manifestaciones y protestas que se produjeron después de que la oposición, apoyada por las Fuerzas Armadas, presionara al expresidente Evo Morales a renunciar a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019.

Tras su detención, se registraron protestas en Santa Cruz, llegando incluso a bloqueos en carreteras y aeropuertos. Asimismo, otros representantes de la oposición exigieron su liberación, advirtiendo al mismo tiempo al Gobierno de que no van a «claudicar» y que seguirán luchando «hasta las últimas consecuencias».