La Asociación Liberum ha presentado un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que de forma urgente se acuerde «la suspensión inmediata» de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público sin tener que esperar al decreto del Gobierno que se ha anunciado para la semana próxima.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, esta asociación –que dice nacer con el propósito de restaurar los derechos y libertades que fueron usurpados en el transcurso de la pandemia de la Covid-19– señala que concurren las circunstancias de especial urgencia como para que la Sala acepte sin escuchar al resto de partes, medida cautelarísima, la retirada «de inmediato» de la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
Se apoyan para esta petición en unas declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que aseguraba que «en España hay una situación de estabilidad con la pandemia tal y como demuestran los indicadores epidemiológicos» y que por tanto iba a elevar «la propuesta de la eliminación de las mascarillas en el transporte público en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero».
Por eso, desde Liberum señalan que debe acordarse «la suspensión inmediata de la medida citada, ya que de lo contrario, haría perder la finalidad legítima al recurso presentado por esta parte, causando perjuicios de imposible reparación a los derechos fundamentales de los recurrentes y a los intereses públicos».
«POR LA VÍA DE HECHO»
El recurso al que hace referencia, al que también ha tenido acceso Europa Press, fue presentado en noviembre, y en el mismo señalaban que la decisión de mantener el uso de la mascarilla era contraria a derecho porque el Gobierno actuaba «por la vía de hecho» y «al margen de cualquier acto de cobertura jurídica-administrativa». Máxime cuando, entendían, la situación epidemiológica actual «ha mejorado conforme al sistema de indicadores acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».
En ese recurso, ya solicitaban a la Audiencia Nacional que cautelarmente suspendiera esa obligación de usar mascarilla hasta que se resolviera sobre el fondo del procedimiento, y pedían que se solicitara a Sanidad que aportara los informes de los expertos de la ponencia de alertas del Sistema Interterritorial de Salud del pasado 20 de abril de 2022, y las actas de la reunión de la Comisión de Salud Pública de ese mismo día.
En el mismo, recogían que la medida ponía en peligro «el bien que se pretende proteger, es decir, la protección de la salud» porque si esa era la finalidad de Sanidad, no se entiende que se exija en el transporte público «y no en los supermercados, centros comerciales y otros establecimientos en los cuales las personas están cerca las unas de las otras».
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso acordó por decreto el pasado 10 de enero dar 20 días a al Ministerio de Sanidad, cuya representación legal lleva la Abogacía del Estado, para remitirle el expediente al que se refiere el recurso de Liberum.
LA DECISIÓN DE SANIDAD
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó el pasado 26 de enero que el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero aprobará la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, pero se mantendrá en todos los centros sanitarios.
En declaraciones a los medios tras la presentación del estudio PASOS de la Gasol Foundation, la ministra justificó que esta decisión se toma debido a que España tiene «una situación epidemiológica» de la pandemia de COVID-19 «muy estable en todos los indicadores».
Esto ha hecho, según la ministra, que los expertos que conforman la Ponencia de Alertas decidieran que es el momento propicio para la eliminación de las mascarillas en el transporte público.
Sin embargo, su uso seguirá siendo obligatorio, también por recomendación de los expertos, en los centros sanitarios, los servicios sanitarios, los establecimientos sanitarios (como farmacias) y los centros sociosanitarios para los visitantes y los trabajadores.
PERJUDICIAL PARA NIÑOS
Desde la asociación, en el escrito que ha trascendido este miércoles, señalan que tras lo dicho por Darias, debe retirarse de inmediato «sin más dilación» el uso de la mascarilla «ya que el estar vigente esta medida restrictiva de derechos en los transportes públicos sin justificación alguna, además que impuesta por la vía de hecho» hay una falta de apariencia de buen derecho –‘fumus bonis iuris’– y se estaría causando «un daño de muy difícil reparación».
En este sentido, aportan una infografía creada por ‘Domo Acción Galicia’ en la que «aparecen estudios científicos y médicos que avalan el perjuicio del uso de las mascarillas para la población y especialmente los niños», y un estudio alemán que «habla de los posibles daños de diversos tipos que pueden producirse por el uso de las mascarillas».
También añaden el estudio de un doctor de Ciencias Químicas, Sergio Javier Pérez Olivero, que dice que el uso de la mascarilla puede generar «hipoxemia, hipercapnia, isquemia miocárdica, serias arritmias, asfixias así como un gran elenco de daños físicos y psicológicos para los ciudadanos».
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