El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha afirmado este lunes que las decisiones aprobadas por el Gobierno de Israel tras los atentados de la semana pasada, incluidas deportaciones y la aceleración del proceso de expedición de armas de fuego a civiles, suponen una violación de las Convenciones de Ginebra.
Shtayé ha manifestado que estas decisiones «reflejan la profundidad de la crisis del Gobierno de ocupación, que intenta desviar la atención a través de asesinatos, represión, castigos colectivos, demoliciones de vivienda y dando rienda suelta a que los colonos terroristas cometan más crímenes contra los palestinos».
Así, ha explicado que el Gobierno de Israel es «directamente responsable» de aumento de las tensiones y ha reclamado a la comunidad internacional que actúe ante los «crímenes diarios» por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.
Shtayé ha afirmado durante una sesión del Consejo de Ministros palestino que la comunidad internacional debe «condenar estos crímenes» y «las declaraciones de ministros israelíes en las que piden a la población tomar las armas para cometer crímenes contra el indefenso pueblo palestino».
En este sentido, ha advertido de las «peligrosas consecuencias» de los planes de las autoridades israelíes para demoler las viviendas de residentes en Jan al Amar, en Jerusalén Este, y ha hecho hincapié en que «el pueblo palestino no permitirá que esto pase y permanecerá unido hasta que sea derrotado».
Netanyahu destacó el domingo que las autoridades israelíes han emprendido una respuesta «dura, rápida y precisa» tras el atentado del viernes en el asentamiento de Neve Yaakov, que se saldó con siete muertos. El sábado dos israelíes resultaron heridos tras ser tiroteados por un palestino de trece años en Jerusalén.
«Estamos potenciando a nuestras fuerzas de seguridad mientras castigamos a los atacantes y a quienes los respaldan», dijo ‘Bibi’, quien confirmó igualmente que el Gobierno israelí «revocará los documentos nacionales y los beneficios de la seguridad social a las familias de aquellos que respaldan al terrorismo».
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, anunció por su parte que propondrá la legalización de siete asentamientos de Cisjordania y la imposición de la pena de muerte para los condenados por terrorismo. El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos, si bien Israel distingue entre aquellos a los que dio permiso y los que no cuentan con autorización.
Las tensiones han repuntado durante los últimos meses, incluida la muerte de alrededor de 30 palestinos en lo que va de año en operaciones de seguridad y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes. El incidente más sangriento tuvo lugar el jueves, cuando las fuerzas israelíes mataron a diez palestinos en una redada en un campamento de refugiados en la ciudad cisjordana de Yenín.
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