Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se han comprometido este martes a concluir un acuerdo de alto el fuego al conflicto con el Ejército de Sudán que incluya la liberación de más de 450 prisioneros y facilitar el acceso humanitario a los civiles, ya que la guerra ha devastado al país y generado una de las mayores crisis humanitarias en África.

El líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, alias ‘Hemedti’, ha confirmado su disposición a concluir el acuerdo de paz: «Queremos una paz real que ponga fin a la guerra e incluya a todas las partes para resolver la crisis sudanesa», ha afirmado en un discurso recogido por el periódico ‘Sudan Tribune’.

Hemedti, tras reunirse con las fuerzas civiles sudanesas, ha extendido sus «manos por la paz y el fin de la guerra» y ha animado a las partes a sumarse al acuerdo, si bien ha acusado al Ejército de llevar a cabo una «guerra destructiva contra instalaciones críticas» y cometer crímenes de limpieza étnica contra civiles a los que acusa de pertenecer a las RSF.

Por su parte el ex primer ministro Abdalá Hamdok, derrocado en un golpe de Estado militar en 2022, ha expresado su esperanza en que los dirigentes del Ejército respondan a su llamamiento para poner fin a la guerra y ha elogiado la rápida respuesta de Hemedti. Asimismo, ha descrito el anuncio como «una apertura del camino» y un «primer paso hacia el fin de la guerra».

Las fuerzas políticas realizaron el anuncio tras una reunión en Etiopía bajo el nombre de ‘Declaración de Adís Abeba’ en el que se ha destacado el compromiso de las RSF para crear las condiciones para que la población de las zonas afectadas por los enfrentamientos vuelva a sus hogares. Los prisioneros serán liberados con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones humanitarias contarán con las garantías necesarias para su trabajo y protección de civiles.

Además, el pacto incluye el establecimiento de administraciones civiles para «asegurar la vuelta a la normalidad y proporcionar bienes básicos a los civiles», y crear un Comité Nacional para la Protección de los Civiles que monitorice la situación de los sudaneses, un comité nacional independiente para identificar a los responsables de crímenes y un organismo para «desenmascarar los hechos sobre quién empezó la guerra».

El texto, que deberá recibir ‘luz verde’ por parte del Ejército, también incluye «completa cooperación» con la misión de Derechos Humanos de la ONU. Las condiciones también incluyen un Gobierno «federal, civil y democrático» formado mediante elecciones libres y justas, así como la reforma del sector de seguridad según los estándares reconocidos internacionalmente.

Actualmente, Sudán ha cumplido más de ocho meses de conflicto entre el Ejército sudanés y las RSF, enfrentamientos que estallaron el 15 de abril tras las fuertes discrepancias sobre la integración del entonces grupo paramilitar –ahora declarado en rebeldía– en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento de Omar Hasán Al Bashir después de 30 años de poder.

El país suma, conflicto tras conflicto, casi siete millones de desplazados forzados y la última guerra se ha retroalimentado con un histórico conflicto intercomunitario en la región de Darfur, escenario, según ONG, de constantes atrocidades desde el estallido de la guerra.