La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.

SE VOTAN LOS OBJETIVOS, NO EL TECHO DE GASTO

Pero el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.

Y es aquí donde aparece la mayoría absoluta del PP en el Senado y su capacidad de veto a dichos objetivos. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ya avisó que los ‘populares’ situarían a la Cámara Alta como un «contrapeso» al Gobierno de coalición.

Pero el Ejecutivo confía en que el veto no se llegue a producir, porque de no aprobarse hasta en dos ocasiones, según un informe de la Abogacía del Estado, los objetivos de deuda serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril.

Esto supondría una menor capacidad de gasto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos del PP. Así lo avisó en el Congreso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando pidió a los ‘populares’ que permitieran a los diferentes territorios hacer unos presupuestos «creíbles».