Los de Puigdemont optan por no intervenir mientras que los demás grupos afean el ‘decretazo’, el «refrito» de medidas y la falta de diálogo

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este miércoles a los diputados que apoyen sin «politiquerías» la convalidación de los decretos anticrisis, alertando de que rechazarlos supondría perder 10.000 millones de euros de los fondos europeos, pese a lo cual se ha topado con las críticas generalizadas de los grupos parlamentarios –Sumar y Podemos incluidos– y con el plante de Junts, que ha optado por no intervenir.

«Cuando llegue el momento de votar, les pido que piensen en ellas, que piensen en las personas, que piensen en las personas que estamos representando, y no en intereses partidistas que hoy nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía», ha dicho Bolaños, que ha sido el encargado de presentar el decreto-ley con medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

En esta línea, el ministro ha hecho hincapié en que los diputados «están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende», exhortándoles a hacer «política útil, política que mejora la vida de los ciudadanos y de las familias».

«Si ustedes fallan hoy, mañana sube la factura de la luz (de los ciudadanos), su pensión baja (…), dejan de poder acceder gratuitamente al transporte público y tienen que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico», ha ilustrado, pidiendo al Congreso de los Diputados no volver a los «recortes sociales».

Además, ha enfatizado que la aprobación de las medidas contenidas en este y los otros dos decretos-leyes que se someten a la convalidación de la Cámara Baja era necesaria antes de que acabara 2023 para solicitar a la UE el desembolso de los 10.000 millones de euros que corresponden al cuarto tramo de los fondos europeos postpandemia, por lo que ha considerado justificado que el Gobierno optara una vez más por la forma del decreto-ley.

Ya en declaraciones a la prensa a la salida del Senado, donde se ha celebrado el debate parlamentario por las obras en la Cámara Baja, Bolaños ha reconocido que «hoy va a ser un día intenso, de mucho trabajo». Y es que el Gobierno ha pasado la última semana en busca de apoyos para poder convalidar los decretos-leyes después de que Junts fijara su postura en el ‘no’, lo que podría ser determinante para derribar los textos.

Los de Carles Puigdemont rechazan una reforma procesal incluida en los decretos-leyes que supone dejar negro sobre blanco el carácter suspensivo de las cuestiones prejudiciales al TJUE, al considerar que atenta contra la futura ley de amnistía porque permitirá paralizar los casos concretos donde los jueces y magistrados planteen dudas, algo que ya ocurría.

En este contexto, el grupo parlamentario de Junts ha renunciado al turno de palabra en el debate sobre este decreto-ley, donde se incluye la polémica modificación del artículo 43 bis la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una hora antes, la portavoz del partido independentista, Miriam Nogueras, ha asegurado en una entrevista que Junts sigue en el ‘no’, si bien ha confirmado que actualmente siguen «hablando» con el Gobierno.

Así las cosas, en sus palabras a los medios, Bolaños ha pedido a los grupos parlamentarios que «actúen con altitud de miras, apoyen los decretos-leyes y beneficien a la gente». «Resulta incomprensible que pueda haber fuerzas políticas que usen argumentos que nadie entiende para perjudicar a los ciudadanos (…) que les votaron para que les hagan la vida más fácil», ha insistido.

EL PP RESPONSABILIZA AL GOBIERNO

Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han echado en cara al Gobierno que haya vuelto a recurrir a los decretos-leyes para aprobar medidas de calado, así como que los textos abarquen una gran variedad de medidas sin conexión entre ellas.

El ‘popular’ Pedro Huguet, que ha ironizado con que «Junts ni siquiera ha bajado a debatir como debe ser, en la sede de la soberanía nacional» –«debe estar negociando en algún despacho oscuro»–, ha mostrado su rotundo rechazo a los decretos ‘ómnibus’, un «refrito» que en lo tocante al presentado por Bolaños ha calificado como «una nueva chapuza jurídica» que la Justicia española «no puede soportar».

A su juicio, «lo mejor» para la administración de justicia es que este decreto-ley no se convalide y que, a continuación, PSOE y PP se reúnan «mañana» mismo para «elaborar entre todos ese gran pacto de Estado por la Justicia» que propuso Alberto Núñez Feijóo.

Frente a la advertencia lanzada por Bolaños, por la posible pérdida de los fondos UE, Huguet ha descargado de cualquier responsabilidad al PP. «El único responsable será el Gobierno», ha aseverado, apostillando que fue quien se comprometió con Bruselas a ese calendario.

Por su parte, el diputado de Vox Emilio Jesús del Valle, que se ha referido al Gobierno como «los reyes de los decretos-leyes» y le ha reprochado juntar «medidas que nada tienen que ver», ha alertado de que estos textos son una nueva «cesión» para «contentar a los nacionalistas y separatistas».

UN «BUEN PASO» PERO «INSUFICIENTE»

Por otro lado, desde Sumar, la diputada Engracia Rivera ha indicado que «este es un buen paso» pero «insuficiente» y «mejorable». En concreto, ha criticado que el uso de decretos-leyes sea ya «una costumbre» cuando «esta figura legislativa es excepcional».

Pese a ello, ha estimado que las debilidades de estos textos no son motivo suficiente para perder esos 10.000 millones de euros, por lo que también ha reclamado el voto favorable, y se ha dirigido a Junts y al PP para reprocharles su oposición a los mismos.

A los de independentistas catalanes, les ha recriminado que se desmarquen de los decretos-leyes por la citada reforma legal, insistiendo en que el carácter suspensivo de las cuestiones prejudiciales dirigidas por los togados españoles al TJUE «ya es práctica común en los tribunales».

En cuanto al PP, ha recalcado que los fondos europeos se perderán si no apoyan las medidas presentadas. «A quien tienen que salvar no es al presidente del Gobierno, sino a la mayoría social de este país», ha afirmado. Para Rivera, el PP tiene una «oportunidad de oro» para demostrar que son un «partido de Estado que practica una oposición responsable».

La diputada de Podemos Martina Velarde también ha puesto de relieve que desplegar los efectos suspensivos de las cuestiones prejudiciales «ya se hace». «Por tanto, esa polémica no la entendemos, y no entendemos tampoco que afecte a la amnistía», ha declarado durante su intervención. No obstante, ha reprochado al Gobierno que los textos son «un ‘totum revolutum’ de muchísimas medidas» y que ha obviado su «obligación de diálogo parlamentario».

En cuanto a la diputada de ERC Pilar Vallugera, ha avanzado que respaldará la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley, a pesar de que ha expresado igualmente su rechazo a la figura legislativa elegida y a la disparidad de medidas. Al hilo, ha pedido al Gobierno que «sean conscientes de que los grupos parlamentarios no estamos a su servicio», reiterando la «voluntad de hablar» de su formación política.