La Junta de Extremadura acatará la orden del Ministerio de Sanidad y exigirá el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios pero realizará un análisis para determinar si esta medida ha «incumplido la legalidad» establecida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Una orden que entra en vigor desde la noche de este miércoles en todo el ámbito de la comunidad extremeña, y que contempla también la recomendación del uso de la mascarilla en farmacias y centros residenciales de personas vulnerables.

«Acatamos la decisión por imperativo legal pero los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrirla, porque no se ha escuchado a técnicos no se ha seguido el procedimiento habitual en la toma de decisiones en el CISNS y se ha tratado con una imposición lo que no se ha conseguido con unanimidad el lunes», ha señalado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.

En todo caso, destaca que Extremadura respalda el uso de mascarillas y ha recomendado su aplicación generalizada en los centros sanitarios, indica en una nota de prensa.

La Junta no comparte el procedimiento del ministerio, pues su titular, Mónica García, en un «corto periodo», ha desestimado el «esfuerzo conjunto, durante años», del propio departamento y las comunidades autónomas que trabajaban en «un marco de consenso y colaboración, donde se escuchaban mutuamente».

Para el Ejecutivo regional, resulta «preocupante» que la ministra haya tomado una decisión «unilateral sin consultar criterios técnicos y desoyendo a todos los consejeros» marcando un «precedente inquietante más allá de la propia decisión».

Desde la Consejería de Salud se señala que, en la reunión del pasado lunes, «ninguno» de los consejeros de sanidad presentes expresó su apoyo a la obligatoriedad de las mascarillas. Incluso aquellos que optaron por implementar la medida en sus comunidades lo hicieron «con la preferencia de aplicarla a nivel regional en lugar de a nivel nacional».

Finalmente, ha destacado que en la reunión de la ponencia de alertas celebrada este miércoles ha quedado claro que existe una «situación de urgente necesidad» que avale el uso del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS sin el previo acuerdo del CISNS.