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El Gobierno de EEUU confirma el «fracaso» de la Policía en su respuesta a la matanza de la escuela de Uvalde

Por Redacción

Un informe evidencia una «cascada de fallos» antes, durante y después de una masacre que dejó 21 muertos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha concluido que la intervención policial frente al tiroteo que dejó 21 muertos en una escuela de Uvalde (Texas) en mayo de 2022 fue un «fracaso», lo que provocó que pasasen 77 minutos desde que el asaltante irrumpió en el centro hasta que fue interceptado.

La revisión del Gobierno ha constatado «varios fallos clave» antes, durante y después de la intervención policial, tal como recoge un informe de casi 600 páginas en el que se apunta que los agentes, una vez que tuvieron constancia de que había un «tirador activo», debían haber actuado «inmediatamente» para irrumpir en la clase donde se encontraba y eliminar la amenaza, algo que «no ocurrió».

Los agentes optaron por responder a la situación como si se tratase de un «sospechoso atrincherado», pese a que hubo alrededor de una decena de momentos en los que habría estado justificado que hubiesen concluido la intervención con un asalto final contra el tirador, de 18 años.

Una «cascada de fallos» que el Departamento de Justicia considera favoreció a que el tirador pudiese evaluar sus opciones o retrasase la atención médica a los heridos y que ha puesto en tela de juicio un despliegue que implico a unos 400 efectivos y en el que fallaron prácticamente todos los elementos de la cadena de mando.

Además, parte de las familias recibieron «información incorrecta» que dio pie a que pensaran que sus parientes estaban vivos cuando en realidad habían fallecido víctimas de un ataque en el que fueron asesinados 19 alumnos y dos profesores. Otras «fueron notificados de las muertes por personal que no estaba formado para dar este tipo de noticias», según consta en el texto recogido por medios locales.

El Gobierno federal inició esta investigación el año pasado a petición de las autoridades de Uvalde y ha recabado más de 13.000 elementos de prueba. Las familias reclamaban también un examen a fondo de lo ocurrido y, de hecho, en el informe se pone de manifiesto que varias de ellas «han indicado que no podían seguir con sus vidas (…) hasta saber lo que le ocurrió a sus hijos».

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