El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este jueves una petición de una organización civil para declarar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, como incapacitado para ocupar el puesto debido al juicio al que está siendo sometido por cargos de corrupción, que ‘Bibi’ rechaza.
El tribunal ha declinado considerar la petición, presentada el martes por Israeli Democracy Guard (Guardia de la Democracia de Israel) argumentando que «no se han agotado otros procedimientos» sobre este asunto, tal y como ha recogido el diario ‘The Times of Israel’.
La organización había reclamado al Supremo que «ordene» al Gobierno y a la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, que «determine que Benjamin Netanyahu es incapaz de llevar a cabo sus deberes como primer ministro» debido al juicio en su contra, un posible conflicto de intereses sobre el caso y promover un «golpe de Estado dentro del régimen».
Así, Israeli Democracy Guard sostuvo en su comunicado que «existe una preocupación grave y real de que haya una conexión directa» entre un plan propuesto por el Ejecutivo para remodelar el aparato de justicia israelí y los casos abiertos contra Netanyahu. «El objetivo principal del plan es ayudarle a escapar de los procedimientos», zanjó.
Baharav-Miara negó el lunes las informaciones sobre una posible discusión con las autoridades para que Netanyahu se aparte del cargo, después de indicar la semana que viene que el primer ministro está sumido en un conflicto de intereses debido a que no puede nombrar a altos cargos judiciales o implicarse en asuntos legislativos que puedan impactar sobre su caso.
La petición al Supremo fue presentada días después de que el tribunal descalificara al líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, como ministro del Interior y Sanidad debido a su condena por fraude, lo que forzó a Netanyahu a cesarle.
Netanyahu está siendo juzgado por varios casos de corrupción, si bien ha rechazado las acusaciones y ha hablado de una «caza de brujas» y «golpe de Estado judicial». ‘Bibi’, que ha logrado ensamblar un nuevo Gobierno tras las legislativas de noviembre, está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados.
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