La ley pasa ahora al Pleno del Congreso con el apoyo del PSOE, Sumar y los independentistas frente al voto en contra de PP y Vox 

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado este martes incorporar a la proposición de ley de amnistía las dos enmiendas transaccionales pactadas por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y Podemos justo antes del debate parlamentario, lo que implica modificar el texto para excluir del perdón al ‘procés’ solo los delitos de terrorismo que «de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de los Derechos Humanos».

Únicamente se han aprobado las dos enmiendas transaccionales acordadas este mismo martes, con 20 votos a favor, 17 en contra –los de PP y Vox– y ninguna abstención, quedando rechazadas las demás –con el voto en contra del PSOE–, incluidas las otras que Junts y ERC planteaban en solitario o con otros grupos. Ahora, la proposición de ley pasará al Pleno del Congreso.

JUNTS NO RENUNCIA A MÁS CAMBIOS 

No obstante, el diputado de Junts Josep María Cervera ha avanzado durante su intervención que su partido mantendrá vivas las enmiendas presentadas hasta que concluya el trámite parlamentario de la ley de amnistía. «No queremos renunciar a nada», ha aseverado.

El principal cambio que implican las enmiendas aprobadas es que solo se excluirán de la amnistía los delitos de terrorismo cuando «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de Derechos Humanos».

Menciona expresamente «las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales», sobre el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente, así como las previstas «en el Derecho Internacional Humanitario».

Esta modificación respecto a la redacción anterior permitirá amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por ‘Tsunami Democrátic’ que han sido investigados en la Audiencia Nacional.

Cervera ha explicado durante su intervención que uno de los objetivos de estas enmiendas es «cubrir todos los supuestos de uso fraudulento de los mecanismos jurídicos para impedir una efectiva, eficaz y rápida aplicación de esta ley». «Una amnistía diferida no es amnistía», ha dicho.

En concreto, ha apuntado que, «como dice Gonzalo Boye» –el abogado del ex presidente catalán Carles Puigdemont–, estos cambios responden a «la necesidad de superar la imaginación de algunos magistrados que quieren incardinar algunos hechos en unos tipos penales que todos sabemos que de ninguna manera lo son».

«Tratar el independentismo catalán como terrorismo es una aberración jurídica y una politización de la Justicia que esta ley también tiene que revertir», ha defendido.

ELUDIR AL TRIBUNAL DE CUENTAS

También ha aclarado que la enmienda destinada a ampliar el marco temporal de la amnistía, que arrancaría el 1 de noviembre de 2011, en lugar del 1 de enero de 2012, obedece a la finalidad de que «se incluyan las actuaciones que el Tribunal de Cuentas incluye en su informe de fiscalización».

Cervera ha manifestado asimismo que el segundo objetivo de estas enmiendas es que «la amnistía incluya a todos». En concreto, ha mencionado a los encausados por ‘Tsunami Democrátic’ y a los CDR.

El diputado independentista ha indicado que estas modificaciones van en línea con la posición mantenida por Junts desde el principio, según la cual el actual texto de la ley de amnistía es «mejorable». Al hilo, ha ratificado la voluntad de Junts de «seguir negociando» durante la tramitación parlamentaria. «Cuando algunos jueces se han dedicado a elaborar un manual de cómo combatir esta ley, nosotros estamos obligados a reforzarlo», ha justificado.

A su juicio, esto es aún mas necesario «cuando el señor Bolaños en algunas ocasiones compra el relato». «Un relato para hacernos trampa, pero que también le engaña a él mismo», ha advertido, para añadir que «reforzar esta ley de amnistía es garantizar la separación de poderes» porque el Legislativo no puede estar sometido al Judicial y viceversa.

«¿QUIÉN JUZGA AL JUZGADOR?»

Desde ERC, la diputada Pilar Vallugera ha sostenido igualmente que la ley de amnistía «aporta solución a una situación delirante en clave jurídica», devolviendo el «conflicto» al lugar del que «no tendría que haber salido nunca, que es la clave política».

Vallugera ha defendido asimismo que «no hubo terrorismo», apuntando incluso que el hecho de querer incluir el ‘procés’ en este tipo de delitos es banalizarlo. «Insultan la inteligencia de cualquiera de los diputados de esta Cámara, pero todavía más a la inteligencia de cualquiera de los ciudadanos de cualquier país democrático», ha lamentado.

No obstante, ha reconocido que, pese a las modificaciones aprobadas, «no podemos decir que ninguna ley de amnistía pueda garantizar al 100% que el Poder Judicial y otros poderes españoles no la vayan a torpedear».

«¿Quién nos garantiza que nuestros derechos no son conculcados por las opiniones jurídicas de un juez?», ha planteado, para anudar: Y en estos casos, «¿quién juzga al juzgador?». Vallugera ha admitido que es lo que «más miedo» les suscita y uno de los motivos por los que hay que ir «a toda velocidad» en la aprobación parlamentaria de la ley de amnistía.

En la misma línea se ha expresado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que ha acusado al juez de la Audiencia Nacional (AN) encargado de los casos ‘Tsunami Democrátic’ y ‘CDR’, Manuel García Castellón, de usar «toda la ingeniería jurídica a su alcance» para enmarcar el ‘procés’ en el terrorismo, banalizándolo, con el objetivo principal no ya de «sabotear» la ley de amnistía, sino de «intentar acabar con este Gobierno».

Igualmente, el diputado de Sumar y En Comú Gerardo Pisarello ha reiterado que el supuesto ‘lawfare’ no es nuevo, identificando como principal obstáculo a la amnistía «la voracidad represiva y punitiva de sectores muy poderosos de las derechas políticas, judiciales y mediáticas, que evidentemente no quieren pasar página» para «ocultar» su «responsabilidad» en la confrontación política en Cataluña y «las políticas económicas que implementan donde gobiernan» y que «están rompiendo España».

EL PSOE: LOS CASOS MÁS GRAVES DE TERRORISMO NO SE AMNISTÍAN

Fuentes socialistas han reivindicado que «con la enmienda aprobada hoy se garantiza que los casos más graves de terrorismo no se amnistían». Por su parte, el diputado socialista Francisco Aranda ha insistido en que la amnistía es «una apuesta decidida valiente y democrática» para seguir avanzando en la «senda de la convivencia», acusando al PP de «usar Cataluña para sus interese electorales». «Su principal mérito es el boicot», ha reprochado.

Desde el PP, la diputada María Jesús Moro, ha reprochado al PSOE y sus socios que «hoy han llegado al ‘summum’ del cinismo, diciendo que sus transacciones mejoran la separación de poderes», para advertir, por contra, que estas enmiendas lo que hacen es «eliminar y someter al Poder Judicial».

Además, ha echado en cara a los socialistas que «dan todo» lo que piden los independentistas, arrastrando a «ese chantaje» a todos los españoles. «Y no es por el interés general, es por la conveniencia, por el interés particular de unos pocos», ha remachado.

En cuanto a Vox, el diputado Carlos Flores ha alertado de que las enmiendas aprobadas agravan el incumplimiento de las obligaciones contraídas por España con la UE en materia de terrorismo y la vulneración del principio de igualdad. «¿Por qué se amnistiará a quién quemó un contenedor luchando por la independencia de Cataluña y no se amnistiará a quien quemó un contenedor contra la subida de los precios?», ha planteado.