Proponen responsabilizar a las plataformas online si no eliminan contenidos fraudulentos

La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles la revisión de las normas de servicios de pago, que refuerza la prevención de los desembolsos electrónicos y amplía las compensaciones para las víctimas de fraude.

Los cambios en el reglamento de servicios de pago han salido adelante con 39 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones, mientras que directiva se ha adoptado por 37 votos a favor, uno en contra y 6 abstenciones, y se espera que el pleno de la Eurocámara vote ambos textos durante la primera sesión plenaria de abril, para cerrar la primera lectura sin acuerdo con el Consejo, ya que se prevé que las negociaciones entre ambas instituciones comiencen después de las elecciones.

El principal objetivo de la revisión es combatir y mitigar el fraude en los pagos, permitir a los proveedores de estos servicios compartir entre ellos la información relacionada con el fraude, aumentar la concienciación de los consumidores, reforzar las normas de autenticación de clientes, ampliar los derechos de reembolso de las víctimas de fraude y hacer obligatorio para todas las transferencias un sistema que compruebe la alineación de los números IBAN de los beneficiarios con sus nombres de cuenta.

También busca igualar las condiciones de competencia entre bancos y entidades no bancarias, permitiendo el acceso de los proveedores de servicios de pago no bancarios a todos los sistemas de pago de la UE, además de eliminar los obstáculos que aún impiden la prestación de servicios de banca abierta y mejorar el control de los clientes sobre sus datos de pago.

El nuevo texto amplía el derecho de reembolso a los casos de «suplantación de identidad» en los que los defraudadores se hacen pasar por miembros del banco de un cliente a los casos en los que los defraudadores se hacen pasar por otro tipo de organizaciones.

Los eurodiputados también han pedido a los Estados miembro que inviertan medios sustanciales en la educación sobre el fraude relacionado con los pagos a través de campañas en los medios o lecciones en las escuelas.

Asimismo, quieren que las plataformas online sean responsables en caso de que se les informe sobre contenido fraudulento en su plataforma y no lo eliminaran, una disposición que ha criticado la Asociación de la Industria Informática y de Comunicaciones en un comunicado remitido a Europa Press, por considerarlo una concesión a los grandes bancos.

Por otro lado, reclaman que cuando la prestación de servicios de pago implique el procesamiento de datos personales, se realice únicamente con el permiso del cliente y piden que se informe a los usuarios de todos los cargos antes del inicio de la transacción de pago en un formato claro, transparente y accesible.

Todas las empresas que pretendan prestar servicios de pago o de dinero electrónico deberán solicitar una autorización que tiene que contener, entre otras cosas, un plan de negocio y establecer el tipo de servicios de pago previstos, así como las disposiciones de seguridad, protección de datos y gobernanza y un plan de liquidación en caso de fracaso.

Para cubrir los riesgos planteados por sus actividades, deberán disponer de un capital inicial mínimo de entre 50.000 y 350.000 euros, dependiendo del tipo de servicios que presten. Los eurodiputados acordaron que las instituciones de pago y de dinero electrónico existentes no tendrán que solicitar una nueva autorización según la directiva, sino que seguirán un proceso simplificado con su autoridad competente.

Mientras, a fin de garantizar un mejor acceso al efectivo, especialmente en zonas remotas o rurales, la Eurocámara pide que las tiendas minoristas que proporcionen efectivo independientemente de la compra (hasta 100 euros) deberían estar exentas de las normas. De manera similar, considera que los cajeros automáticos que permiten retiros de efectivo pero no atienden cuentas de pago deberían estar sujetos a un proceso de registro más liviano.