Una veintena de miembros de organizaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha concentrado este lunes frente a la nueva comisaría de Calatayud (Zaragoza), que ha inaugurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha sido recibido con gritos pidiendo su «dimisión» y la «equiparación» con policías autonómicas, así como que se les reconozca como profesión de riesgo.

Antes de la llegada de Grande-Marlaska y también durante el acto oficial de inauguración de las nuevas instalaciones, los concentrados han coreado eslóganes para pedir la dimisión del ministro, como hicieron el pasado viernes frente a las delegaciones del Gobierno tras guardar un minuto de silencio en recuerdo a los dos guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) embestidos por una narcolancha.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del SUP en Aragón, Víctor Manuel Rodríguez, ha reclamado la equiparación salarial con las policías autonómicas y el reconocimiento como profesión de riesgo, indicando que «puede haber alguna tan de riesgo como la nuestra, como bombero, pero no más».

«Está en la mano del ministro, pero no quiere escucharnos ni sentarse con nosotros», ha continuado Rodríguez, para quien Grande-Marlaska «está enrocado en su posición». «Pedimos lo que es de justicia», ha zanjado.

En un comunicado, JUPOL ha justificado la protesta frente a la nueva comisaría por «los desprecios, las mentiras y la desprotección» de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «La falta de capacidad del ministro ha costado dos vidas humanas a dos guardias civiles en Barbate, por lo que no puede estar ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior», ha sostenido Ibón Domínguez.

En declaraciones a la prensa, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que ya ha dado la orden a la Secretaría de Estado de Seguridad para crear un grupo de trabajo que estudie la demanda de policías y guardias civiles para ser reconocidos como profesión de riesgo, lo que conllevaría «ahondar» en mejoras en casos de jubilación anticipada, después de la subida salarial que ha cifrado en el 38 por ciento desde que asumió la cartera en 2018.