La Cámara Baja del Parlamento francés aprobó este jueves un proyecto de ley que pretende imponer sanciones a los productos de moda ultrarrápida o «fast fashion», vendidos por empresas como la china Shein. El fin de ayudar a compensar su impacto medioambiental.
El proyecto de ley prevé aumentar gradualmente las sanciones hasta 10 euros (US$ 11) por prenda individual de aquí hasta 2030, así como prohibir la publicidad de este tipo de productos.
Los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto, que pasará al Senado antes de convertirse en ley.
La popularidad de los minoristas de moda Shein y Temu -que escalan los pedidos en función de la demanda gracias a cadenas de suministro ultraflexibles- ha perturbado el sector minorista, mientras que empresas establecidas como Zara y H&M siguen dependiendo en gran medida de las preferencias de los compradores.
«Esta evolución del sector de la confección hacia una moda efímera, que combina mayores volúmenes y precios bajos, está influyendo en los hábitos de compra de los consumidores al crear impulsos de compra y una necesidad constante de renovación, lo que no deja de tener consecuencias medioambientales, sociales y económicas», señala el proyecto de ley.
Shein dijo en un comunicado enviado a Reuters que la ropa que produce satisface una demanda existente, lo que permite que su tasa de prendas no vendidas se mantenga constantemente en un dígito bajo, mientras que las empresas tradicionales pueden tener hasta un 40% de desperdicio.
Añadió que el único impacto del proyecto de ley será el de «empeorar el poder adquisitivo de los consumidores franceses, en un momento en el que ya están sintiendo el impacto de la crisis del costo de vida».
En un post en la red social X, el ministro de Medio Ambiente de Francia, Christophe Béchu, describió el proyecto de ley como un «gran paso adelante» y agregó: «Se ha dado un gran paso para reducir la huella ambiental del sector textil».
El proyecto de ley surge cuando el Ministerio de Medio Ambiente francés dijo que propondría a la Unión Europea prohibir las exportaciones de ropa usada, en un intento por abordar el empeoramiento del problema de los desechos textiles.
