El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha anunciado este domingo que propondrá una reforma de la ley del Ministerio Público con el objetivo de destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, ante los intentos de revertir las elecciones presidenciales de 2023 y de entorpecer su toma de posesión.

«He decidido presentar al Congreso una iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la fiscal rinda cuentas y sea removida en el marco de la ley», ha declarado durante un mensaje a la nación en el que ha indicado que el fin es que el organismo «no vuelva a ser utilizado como arma política».

Arévalo ha agregado que la reforma busca «reestablecer los parámetros de la institución como fueron establecidos en la Constitución, además de preservar su autonomía y asegurar un mecanismo efectivo de rendición de cuentas», según ha recogido el periódico guatemalteco ‘Prensa Libre’.

«Sé que el mandato político obtenido en las urnas nos obliga a luchar contra la cooptación corrupta del Estado, y que la remoción de Consuelo Porras del cargo de fiscal general es un paso imprescindible en esta dirección», ha manifestado Arévalo, quien ha afirmado que «el oscuro ciclo» de la fiscal «debe terminar ya».

Asimismo, ha pedido al Congreso a aprobar la medida para «recuperar las aspiraciones de desarrollo del país»: «La aprobación de esta reforma está en sus manos, tienen la oportunidad de reconocer el mandato de transformación que el pueblo de Guatemala dio en las urnas», ha declarado.

El mandatario ha recordado que ya había pedido a Porras su renuncia y que no solo se negó sino que «los ataques contra la democracia continuaron». «Bajo su mando, las denuncias por escándalos de corrupción se estancan. ¿Dónde está la investigación por las vacunas? ¿Dónde está la persecución contra quienes han jugado con la salud y la educación?», ha cuestionado.

LA FISCALÍA DENUNCIA UNA «AMENAZA REAL» DEL PRESIDENTE

Poco antes de que Arévalo realizara su discurso, el Ministerio público ha denunciado la «amenaza real, cierta e inminente» de que el presidente «continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia.

Así, ha presentado una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucional al entender que estas acciones puedan «desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida» tanto de Porras como de otros funcionarios de la institución, según reza un comunicado.

También ha denunciado que el procurador general, Julio Roberto Saavedra, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, se extralimiten en sus funciones bajo instrucciones del mandatario en «acciones ilegales para lograr, de forma inconstitucional e inconvencional», la destitución de la fiscal.

«Estas acciones ilegítimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza para el Estado Constitucional de Derecho, que de materializarse representarían una clara violación de la autonomía e independencia del Ministerio Público», ha indicado el organismo.

A esto se suma, en su opinión, que «esta serie de ilegalidades» forman parte de «un patrón de ataques sistemáticos e intimidatorios en contra del personal» de la Fiscalía, presumiendo «una intencionalidad de obstaculizar las investigaciones en curso y que no se esclarezca la verdad histórica de los hechos».