Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro directivos y representantes de un club de fútbol femenino de la provincia de Valencia acusados de favorecer la inmigración irregular de ocho personas, entre ellas cinco mujeres, una de ellas menor, a quienes empleaban como entregadoras y jugadoras del equipo, supuestamente en «condiciones precarias».

Según ha informado la Policía en un comunicado, de hecho el padre de la menor presuntamente se vio obligado a trabajar como vigilante de una explotación agrícola de uno de los detenidos «en condiciones restrictivas de sus derechos laborales». A las personas arrestadas, de entre 40 y 52 años, se les considera presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores y de otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Las víctimas son ocho personas, concretamente cinco mujeres, una de ellas menor de edad, y tres familiares de esta última, que habrían sido introducidas en el país vulnerando la legislación vigente en materia de Extranjería y Fronteras.

Las pesquisas se iniciaron en febrero de 2022, cuando los agentes detectaron, a raíz de una intervención policial en una localidad de la comarca valenciana de la Costera, que cinco mujeres, una de ellas menor de edad, se encontraban en situación irregular en España y estaban empleadas en un club de fútbol femenino de la provincia de Valencia, que no estaría ubicado en esta comarca, según ha podido saber Europa Press.

DENUNCIA INTERPUESTA EN LUGO

Posteriormente, en octubre de 2023 se inició la investigación por parte de agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, por una denuncia interpuesta por una de las víctimas en Lugo, tras trasladarse allí con su familia.

En el transcurso de la operación, los agentes comprobaron que los sospechosos de favorecer la inmigración irregular de estas cinco mujeres y de la familia de una de ellas están todos relacionados con puestos de dirección y representación en el club de fútbol.

Estos presuntamente favorecían que las víctimas entrasen como turistas y realizaban reservas en hoteles para hacerlo «más creíble», si bien la intención principal era contratarlas como entrenadoras y jugadoras del club, «obviando todos los trámites legales establecidos para ello».

Sin embargo, tras la entrada en el país, no se cumplían las condiciones previamente pactadas, por lo que supuestamente se veían obligadas a trabajar «en condiciones precarias». Además, el padre de la víctima menor de edad presuntamente se vio forzado a trabajar para uno de los investigados como vigilante de una explotación agrícola en condiciones restrictivas de sus derechos laborales.

Por todo ello, los agentes detuvieron el pasado 23 de mayo a los presuntos responsables de los hechos, todos ellos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y por otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecer la inmigración irregular de ocho personas.

Los cuatro arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, fueron puestos en libertad tras su declaración y ser advertidos de la obligación de personarse ante la autoridad judicial cuando fuesen requeridos para ello.