El Consejo General de Economistas propone una reforma fiscal que contemple un único impuesto estatal que grave la circulación y propiedad de vehículos, frente al modelo actual con varios tributos locales y autonómicos.

Para los economistas, el Estado debería ser quien recaudase los fondos procedentes de este impuesto al sector del transporte, y apuesta por que este cambio forme parte de una reforma de la financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales.

Estas es una de las conclusiones del estudio ‘Fiscalidad Ambiental en España’, presentado este lunes por el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich; el director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Agustín Fernández.

En concreto, alegan desde la organización que si la finalidad principal de las tasas impositivas al transporte es medioambiental y, en particular, relacionada con las emisiones de carbono, «cabe cuestionarse si no sería mejor establecer un único impuesto sobre el transporte, así como si es oportuno que los gobiernos subcentrales, comunidades autónomas y municipios, tengan capacidad normativa».

A día de hoy, el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica en España lo recaudan los municipios a pesar de que la normativa está regulada por la legislación estatal. El importe depende de la clase del vehículo, características técnicas y coeficientes locales.

Únicamente siete países, entre ellos España, no tienen en cuenta el elemento ambiental en la configuración de este impuesto.

Asimismo, existen otras figuras fiscales relacionadas con el transporte. Así, con datos de 2021, 21 de los 27 estados miembros de la UE gravan la adquisición de vehículos mediante un impuesto específico, adicional al IVA. Este tipo de imposición, además, está configurado teniendo en cuenta características técnicas del vehículo que inciden en su impacto ambiental en 18 de los 21 estados.

El Impuesto sobre determinados medios de transporte del sistema fiscal español entra dentro de esta categoría de impuestos y también está configurado, en concreto desde 2008, como un impuesto ambiental. El tipo impositivo varía en función del tipo de vehículo y del nivel de emisiones de CO2.

Concretamente, su valor se sitúa en general entre el 0% y el 14,75%, siempre que la comunidad autónoma no haya aprobado unos tipos impositivos diferentes.

En este contexto, los economistas proponen también establecer un sistema adicional de subvenciones directas para favorecer la adquisición de vehículos que no generen emisiones, como sucede por ejemplo con el plan Moves 3 actual.

Por último, los economistas apuntan que España sigue a la cola del resto de países europeos en cuanto a la recaudación tributaria por el sector del transporte. Según datos de Eurostat, el país recaudó algo más de 3.300 millones con los impuestos que actúan sobre todo tipo de transportes, muy por debajo del volumen de otros territorios como Italia (12.400 millones), Alemania (10.000 millones) o Francia (7.800 millones).