El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este martes órdenes de arresto contra el exministro de Defensa de Rusia Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Gerasimov, por su responsabilidad en posibles crímenes de guerra en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente del país euroasiático, Vladimir Putin.

El organismo ha indicado que Shoigu y Gerasimov serían responsables de «crímenes internacionales» cometidos «al menos» entre octubre de 2022 y marzo de 2023, incluido su papel en presuntos crímenes de guerra por ataques contra objetivos civiles y crímenes contra la humanidad por «actos inhumanos» en el marco de la guerra.

«Hay motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal individual por los crímenes mencionados», ha indicado, ya sea por «cometer los actos junto a otros» como por «ordenar la comisión de estos crímenes» o «su fracaso a la hora de ejercer un control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando» en el marco de la invasión del país vecino.

En este sentido, ha indicado que la II Sala de Cuestiones Preliminares «consideró que hay motivos razonables para creer que los dos sospechosos tienen responsabilidad en ataques con misiles llevados a cabo por las Fuerzas Armadas rusas contra infraestructura eléctrica ucraniana entre al menos el 10 de octubre de 2022 y el 9 de marzo de 2023».

«Durante este periodo de tiempo, se llevaron a cabo un gran número de ataques contra numerosas centrales eléctricas y subestaciones por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en múltiples ubicaciones en Ucrania», ha apuntado, antes de especificar que la citada sala tiene «motivos razonables» para pensar que estos bombardeos «fueron dirigidos para objetos civiles» y que «aquellas instalaciones que podrían haber sido calificadas de objetivos militares entonces, los daños colaterales a los civiles eran claramente excesivos para la ventaja militar considerada de forma anticipada».

De esta forma, la Sala ha especificado que «uno de los objetivos centrales del Derecho Internacional Humanitario es la protección de los civiles en los conflictos armados» y ha resaltado que, durante su análisis de los hechos, «debe considerar si la presunta conducta se ajustó al principio de distinción, que prohíbe el uso de la fuerza armada contra civiles y otras personas protegidas».

«La II Sala de Cuestiones Preliminares también ha determinado que la supuesta campaña de bombardeos constituye una forma de conducta que implica la múltiple comisión de actos contra la población civil, llevados a cabo en línea con una política estatal», ha argumentado, antes de insistir en que «hay motivos razonables para creer que los sospechosos causaron de forma intencionada un gran sufrimiento y daños graves a nivel físico o psicológico», por lo que serían responsables de crímenes contra la humanidad.

Así, Shoigu y Gerasimov se suman a Putin y la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, sobre quienes pesan órdenes de arresto por parte del TPI desde marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra por la deportación forzosa de niños ucranianos desde zonas ocupadas del país europeo, si bien por el momento no han sido detenidos ni entregados al tribunal.