El Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado a la Junta de Andalucía que elimine 715 viviendas turísticas en la capital, de las cuales «dos de cada tres están en el Casco Antiguo y en Triana». La capital hispalense se convierte así en «la primera ciudad andaluza en utilizar el nuevo decreto autonómico» que admite descalificar todas las viviendas de uso turístico que no estén adaptadas a la normativa urbanística.

Así lo ha trasladado este lunes el Gobierno local a los grupos de la oposición en la reunión mantenida para abordar la limitación de viviendas turísticas. Como ha explicado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, «hemos mantenido una reunión con la oposición en la que les hemos presentado el informe jurídico que avala la inviabilidad de una moratoria, argumento esgrimido por los grupos de la oposición para rechazar la limitación de viviendas turísticas propuesta en el Pleno, además de otras medidas de control, disciplina y reducción implementadas».

De la Rosa ha pedido a la oposición «responsabilidad y altura de miras» para aprobar el documento que permite limitar las viviendas turísticas. «La ciudad no puede perder más tiempo y les pedimos que no se aferren a un mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos y que abren la puerta a una grave inseguridad jurídica».

Tal y como ha detallado el delegado, «hemos quedado emplazados a una próxima reunión y pedimos a la oposición que valore apoyar el documento de limitación de viviendas de uso turístico que presentamos y que incluye, además, una revisión periódica de los porcentajes siempre y cuando sean avalados por informes técnicos», ha concluido.

Mientras tanto, «seguiremos poniendo en marcha medidas que nos permitan incrementar el control y la reducción de viviendas de uso turístico». La primera de estas medidas implementadas por el Gobierno local para regular y controlar los pisos turísticos ha sido esta solicitud a la Junta de Andalucía para que descalifique las viviendas de uso turístico inscritas con posterioridad a marzo de 2022 que no se ajustan a la modificación 44 del PGOU.

También se ha puesto en marcha un sistema para detectar viviendas de uso turístico ilegales a través del cruce de datos de inspección con la Consejería de Turismo y aplicar también la disciplina urbanística en colaboración con la Junta. Otra de las medidas son la apertura de un canal de denuncias con el Colegio de Administradores de Fincas y la puesta en marcha de un Plan de Inspección con Policía Local y Adscrita sobre viviendas turísticas ilegales así como de un Plan de vigilancia e inspección con policía local sobre viviendas legales molestas y sobre actividades complementarias en vía pública.

El Gobierno local aplicará al respecto medidas disciplinarias en colaboración con Emasesa así como un incremento en IBI, tasas de basura y precio del agua. Se incrementará, además, la coordinación con otros servicios municipales en la Mesa de Establecimientos Ilegales y se asignarán inspectores de la Gerencia de Urbanismo a las inspecciones de las viviendas de uso turístico con un plan específico.

Por último, se creará un bloque específico en el orden día del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo para inspección, disciplina y medidas coercitivas y sancionadas para las viviendas de uso turístico.