Amnistía Internacional (AI) ha instado este jueves a Israel a que ponga fin a las detenciones «masivas», en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio, utilizadas contra personas palestinas de la Franja de Gaza, subrayando que la ley bajo la que se amparan estos arrestos constituye una «flagrante» violación del Derecho Internacional, y ha pedido que todos los detenidos reciban un trato humano y tengan acceso a una defensa, todo ello supervisado por organismos internacionales.

«Si bien el Derecho Internacional Humanitario permite la detención de personas por razones de seguridad imperativas en situaciones de ocupación, debe haber salvaguardias para evitar la detención indefinida o arbitraria y la tortura y otros malos tratos. Esta ley omite flagrantemente estas salvaguardas: facilita la tortura generalizada y, en algunas circunstancias, institucionaliza la desaparición forzada», ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de la ONG.

La directora de AI ha hecho referencia así a la Ley de Combatientes Ilegítimos, promulgada en 2002 e invocada por primera vez en cinco años tras los atentados perpetrados por las milicias palestinas tras el 7 de octubre, que otorga el Ejército israelí facultades para detener a cualquier persona de quien sospeche que participa en hostilidades contra Israel o que representa una amenaza para la seguridad del Estado por periodos renovables de forma indefinida y sin verse obligado a presentar pruebas para justificar las acusaciones.

«La tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual, son crímenes de guerra. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) debe investigar de forma independiente estas denuncias. Esto es crucial debido a la inacción documentada de la judicatura israelí a la hora de investigar de manera creíble las denuncias de tortura presentadas por personas palestinas en el pasado. Las autoridades israelíes también deben permitir el acceso inmediato y sin restricciones a todos los lugares de detención a entidades de observación independientes, acceso que se deniega desde el 7 de octubre», ha sostenido Callamard.

Amnistía ha documentado entre febrero y junio de este año los casos de 31 personas palestinas. Para ello, ha escuchado el testimonio de 27 personas, entre ellas cinco mujeres y un niño de 14 años, que ya han sido liberados. Todos ellos permanecieron detenidos en relación con esta ley durante periodos de hasta cuatro meses y medio sin acceso a asistencia letrada ni contacto alguno con sus familiares.

Durante su detención, que en algunos casos constituyó desaparición forzada, las fuerzas israelíes les sometieron a tortura, tal y como han relatado. La organización ha observado marcas y hematomas compatibles con tortura en la menos ocho de los detenidos entrevistados en persona y también ha revisado los informes médicos de dos personas que corroboraron sus relatos.

Las personas que han estado recluidas en el campo de detención militar de Sde Teiman, en el sur de Israel, explicaron que habían permanecido con los ojos vendados y esposados todo el tiempo que estuvieron arrestados allí. Les obligaron a permanecer en posturas en tensión durante horas y les impidieron hablar entre ellos o levantar la cabeza. Un liberado en junio tras 27 días recluido en un cuarte con otro centenar de personas ha indicado que los militares les golpeaban y ordenaban a los perros atacarles por hablar con otro preso, levantar la cabeza o cambiar de postura.

El menor de 14 años arrestado en su casa de Yabalia estuvo recluido 24 días en el centro de detención desde Teiman con otro centenar de detenidos adultos. Allí le sometieron a tortura, incluidas patadas y puñetazos, y le quemaron repetidamente con colillas de cigarro, tal y como pudo comprobar AI cuando le entrevistó en febrero en la escuela donde estaba refugiado. Durante su detención, no le permitieron llamar a su familia ni ver a un abogado.

AI, que ha verificado y geolocalizado al menos cinco vídeos de detenciones masivas, algunos con imágenes de personas detenidas en ropa interior, también ha entrevistado a cuatro familiares de civiles que llevan detenidas siete meses y cuyo paradero aún no ha sido revelado por las autoridades civiles. Asimismo, ha conversado con dos abogados que han conseguido reunirse recientemente con personas detenidas.

«Nuestra documentación ilustra cómo las autoridades israelíes están utilizando la Ley de Combatientes Ilegítimos para detener arbitrariamente a civiles palestinos y palestinas de Gaza y arrojarles a un agujero negro virtual durante periodos prolongados sin presentar ninguna prueba de que representen una amenaza para la seguridad y sin el mínimo debido proceso. Deben derogar inmediatamente esta ley y liberar a los detenidos arbitrariamente en virtud de ella», ha manifestado.

El Ejército israelí capturó a los detenidos en varias ciudades del enclave palestino, como Yabalia o Jan Yunis, en escuelas que albergaban a personas desplazadas o durante redadas en viviendas u hospitales. Las trasladaron a Israel y las mantuvieron recluidas durante periodos de entre dos semanas y 140 días. Según sus testimonios, dos personas contaron que habían sido llevadas a una audiencia virtual en la que no pudieron hablar ni hacer preguntas y simplemente se les comunicó que su detención había sido renovada, sin saber los fundamentos jurídicos ni las pruebas en su contra.

Alaa Muhanna, mujer del director del hospital Al Auda, Ahmad Muhanna, ha indicado que la única información sobre él es la que recibe de otros presos excarcelados y ha asegurado que esta situación es «como una guerra dentro de la guerra» al tener que lidiar a la vez con la guerra, el desplazamiento constante, los bombardeos y no poder escuchar la voz de su marido. Un trabajador sanitario liberado ha remarcado a AI que no saber si su familia en Gaza estaba viva o muerta mientras él estaba detenido era «incluso peor que la tortura y el hambre».

Entre los afectados había profesionales sanitarios, madres separadas de sus bebés mientras intentaban cruzar el «corredor seguro» del norte al sur de Gaza, activistas de Derechos Humanos, trabajadores de la ONU, periodistas y civiles. El Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí confirmó a la ONG israelí Hamoked que a fecha de 1 de julio de 2024 había 1.402 personas palestinas detenidas en virtud de la mencionada ley, excluyendo a aquellos que no han superado el periodo inicial de 45 días sin orden formal.