El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha anunciado este lunes que se restablecerá el servicio militar civil con el objetivo de llegar a 10.000 nuevos reclutas hasta 2030, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
«El Gobierno considera que es urgente prepararse para una activación del servicio civil. La autoridad de Protección Social y Preparación (MSB) se encargará de llevar a cabo los preparativos para la activación del deber civil para los servicios de rescate municipales», ha explicado en un comunicado el Gobierno sueco.
Kristersson ha anunciado la medida, que se trasladará al MSB el jueves, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Pal Jonson, y el responsable de Defensa, Civil Carl-Oskar Bohlin, quien ha resaltado que el nuevo Gobierno ha asumido el cargo «en un momento difícil» de crisis por la guerra de Ucrania.
«Vamos a llevar a Suecia a la OTAN y asumimos la presidencia de la UE hace poco más de una semana. Será una presidencia caracterizada por la guerra y la crisis», ha expresado en rueda de prensa, añadiendo que el restablecimiento del servicio civil es un «tema muy urgente» para el Gobierno actual.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pal Jonson, ha señalado que reforzarán la cooperación en Defensa con Washington. «Recientemente hemos iniciado negociaciones sobre esto con Estados Unidos. Estamos pasando de ser socios cercanos a aliados», ha expresado, según ha informado el diario ‘Dagens Nyheter’.
En concreto, el pacto se llama Acuerdo de Cooperación de Defensa (DCA) y permitirá regular el estatus legal de los soldados estadounidenses en Suecia, así como otras medidas, como la inversión en infraestructura o el almacenamiento de equipos de defensa.
Estados Unidos tiene acuerdos DCA similares con varios países. Finlandia también anunció en septiembre su intención de iniciar el proceso. Ambos países nórdicos han solicitado su ingreso a la OTAN, un proceso que ha sido frenado por Turquía.
Ankara se niega a admitir la entrada de estos dos países a la Alianza Atlántica hasta que no entreguen a todos los individuos acusados por pertenencia a organizaciones kurdas declaradas por el Gobierno turco como grupos terroristas, como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
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