La ONU y el Gobierno de Estados Unidos han mostrado este lunes su preocupación por la reciente oleada de violencia surgida durante las protestas en Bangladesh surgidas contra la aprobación del polémico sistema de cuotas de empleo de funcionarios, que se ha saldado en la última semana con más de un centenar de fallecidos, y que ha provocado la suspensión de la medida.

«Condenamos todos los recientes actos de violencia en Bangladesh y reiteramos nuestro apoyo inquebrantable a las reuniones pacíficas. Además, seguimos profundamente preocupados por los informes sobre las continuas interrupciones de las telecomunicaciones en todo el país, que limitan la capacidad de las personas en Bangladesh, incluidos los ciudadanos estadounidenses, para acceder a información crítica», ha expresado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, en una rueda de prensa.

En ese sentido, ha instado al Gobierno bangladesí a restablecer los servicios de Internet y a revocar las órdenes de disparar contra los manifestantes.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, sigue «profundamente preocupado» por este tipo de acciones, y ha expresado su deseo de que la decisión del Tribunal Supremo del país de revocar la reforma contribuya a «crear un entorno propicio para el diálogo».

«(Guterres) insta a todas las partes a que eviten la violencia y negocien de buena fe, con vistas a resolver todos los desacuerdos existentes. También queremos añadir que instamos a las autoridades a que garanticen la protección y la seguridad de todos los manifestantes y a que creen un entorno en el que los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica puedan ejercerse libremente», ha añadido el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Por último, ha informado sobre «informes inquietantes» de que vehículos de la ONU han podido ser usados durante las protestas, y ha recordado que los países que aportan tropas y fuerzas de Policía a Naciones Unidas deben utilizar una insignia de la misma, y que solo pueden usar estos equipos para tareas encomendadas como parte de una misión de mantenimiento de la paz o una misión política del organismo.

HRW DENUNCIA LOS ABUSOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado los abusos de las fuerzas de seguridad bangladesíes tras la muerte de más de 160 manifestantes durante unas protestas en las que las autoridades han impuesto toques de queda y cortado los servicios de Internet.

«Bangladesh lleva mucho tiempo con problemas debido a los abusos sin límites de las fuerzas de seguridad contra cualquiera que se oponga al gobierno de (la primera ministra) Sheij Hasina, y estamos siendo testigos de nuevo de ese mismo libro de jugadas, esta vez para atacar a manifestantes estudiantiles desarmados», ha expresado la directora adjunta para Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.

En ese sentido, ha instado a los gobiernos «influyentes» a presionar a la primera ministra para que «dejen de brutalizar a estudiantes y otros manifestantes».

El Tribunal Supremo de Bangladesh ha suspendido la reinstauración del antiguo sistema de cuotas que estipulaba que un 30 por ciento de los puestos de trabajo de los funcionarios del país quedaba reservado a los descendientes de los combatientes de la guerra de independencia de Pakistán; una decisión considerada por los críticos, con las organizaciones de estudiantes a la cabeza, como un acto de discriminación y favorable a los afines a la gobernante Liga Awami.

La decisión del Supremo establece que el 93 por ciento de los puestos será decidido por el mérito de los participantes en las oposiciones, lo que podría apaciguar los ánimos tras unas protestas que han puesto en jaque al Gobierno de la primera ministra, Sheij Hasina, que ha instaurado desde el sábado el toque de queda en todo el país en respuesta a las protestas.