El Gobierno de Cantabria «acepta y respeta» la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha invalidado la normativa de Castilla y León que permitía la caza del lobo al norte del río Duero, y que es extensible a toda España, pero cree que está basada en datos que «no son reales».

Así lo ha señalado este miércoles el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, a preguntas de la prensa sobre esa sentencia que, ha dicho, «está basada en informaciones que no se ajustan a la realidad» actual, concretamente en el informe sexenal sobre las poblaciones del lobo de 2013 a 2018 que es el último elaborado por el Ministerio.

«La realidad ha cambiado mucho desde entonces hasta este 2024», ha asegurado Palencia que, como muestra de ello, ha indicado que hay en las comunidades loberas del Cantábrico 71 manadas más que entonces y, en el caso de Cantabria, en 2019 se abrieron 900 expedientes por ataques de lobo y en 2023 han sido más de 2.300, lo que supone un aumento de más del 250%.

Además, ha apuntado que no sólo es que la sentencia se base en la información de ese informe sino que el documento del sexenio 2013-2018 «fue elaborado con muchas irregularidades», entre las que ha destacado que no se recogió la información de Cantabria, Asturias y Castilla y León, tres de las principales comunidades loberas junto con Galicia.

«El Ministerio no recogió la información que las comunidades autónomas facilitaron», ha asegurado Palencia, que ha considerado que aquello «alteró absolutamente los datos del censo del lobo» en los que los jueces del TJUE se basan y que, por tanto, no eran «reales» entonces y menos ahora porque, ha insistido, se ha producido un importante incremento del número de lobos.

Por ello, ha anunciado que, en la última Conferencia Sectorial con el Ministerio para la Transición Ecológica, Cantabria ha pedido que en la siguiente reunión «se incluya un punto del orden del día sobre la celebración de una conferencia sectorial específica sobre el lobo» y, de salir adelante, que sea presencial y que las Comunidades Autónomas «podamos votar una nueva estrategia del lobo a nivel nacional, porque la de ahora no funciona, es un fracaso».

El consejero cántabro ha avanzado además que el Ministerio que dirige Teresa Ribera ha pedido a las Comunidades Autónomas que remitan la información sobre las manadas y la población del lobo, así como de los expedientes abiertos por ataques, hasta el 31 de diciembre de este año, para elaborar un nuevo informe sexenal.

«Esperemos que en este nuevo informe sexenal se recojan las verdaderas cifras de ataques, las verdaderas cifras de manadas que tenemos del lobo en el norte de España, para tomar decisiones», ha manifestado Palencia, que ha aseverado que «la realidad es muy dura, con 71 manadas más de lobos desde que la especie se introdujo en el LESPRE». Una inclusión para la protección de la especie contra la que, ha dicho, «el propio Gobierno de España emitió un informe desfavorable».

El consejero del Gobierno de Cantabria ha insistido en la necesidad de «revisar los datos reales» de las poblaciones del lobo para que «los jueces tengan información suficiente y real para emitir resoluciones judiciales». Y es que, ha considerado, «el problema no son los jueces». «Los jueces toman decisiones en base a los datos oficiales pero los datos oficiales no son reales», ha apostillado.

Para concluir, ha reiterado que, «en los últimos seis años, la situación ha cambiado de forma dramática», con un «crecimiento exponencial» del número de lobos y ha explicado que, al introducir la especie en el LESPRE y dejar de hacerse batidas selectivas, las hembras han ido criando y «cada loba tiene entre 13 y 14 cachorros cada año».

«Desde que se introdujo el lobo en el LESPRE, para lo que no hay ninguna razón ni técnica ni científica ni cultural, el impacto del lobo se ha desbordado», ha enfatizado Palencia, para quien las comunidades loberas deberían seguir gestionando la población de la especie en sus territorios.