El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ratificado este jueves una nueva ley que amplía los criterios para reconocer a organizaciones que operan en el país como «indeseables», siendo la principal novedad la de incluir en esta lista a aquellas que estén fundadas o cuenten con participación de gobiernos extranjeros.
Hasta el momento, dicha calificación de «indeseable» se aplicaba únicamente a aquellas organizaciones extranjeras no gubernamentales. Con esta nueva legislación, además, quienes trabajen para estos organismos pueden enfrentarse a penas de hasta seis años de prisión, informa la agencia de noticias Interfax.
De acuerdo con las autoridades rusas que han trabajado en la nueva norma, hay evidencias sobre la participación de este tipo de estructuras con capital estatal extranjero en «actividades que representan una amenaza para la seguridad de Rusia».
«Estamos hablando de mecanismos para desarrollar sanciones, bloquear proyectos de inversión, formar agentes, interferir en las elecciones, incitar al odio nacional», ha enumerado el jefe de la comisión de la Duma Estatal –la Cámara Baja del Parlamento ruso– encargada de su elaboración, Vasili Piskarev.
La ley propone prohibir la entrada en Rusia de quienes sean parte de estas organizaciones, así como penas de hasta seis años y multas de hasta 500.000 rublos (5.200 euros) para quienes organicen y participen de sus actividades.