La población de Jordania está llamada este martes a las urnas para unas elecciones de las que saldrá la composición de la nueva Cámara Baja del Parlamento, la primera votación después de la remodelación de la ley electoral aprobada en 2022 en el marco de un proceso de reforma para aumentar la representación política.

Las modificaciones fueron llevadas a cabo a raíz de unas recomendaciones formuladas por un comité real creado en 2021 por el monarca, Abdalá II, con el objetivo de mejorar la gobernanza, aumentar la participación de jóvenes y mujeres y modernizar el marco político, tras las intermitentes manifestaciones de los últimos años reclamando una mayor democratización.

Dichas enmiendas constitucionales incluyeron una modificación del lenguaje en la Carta Magna para mencionar de forma explícita a las «mujeres jordanas», al tiempo que aumentaron a 130 a 138 el número de escaños en la Cámara Baja –la única electa en votación, ya que el Senado está integrado por 65 escaños repartidos directamente por el rey–.

Asimismo, la nueva ley contempla que cada lista de candidatos de los partidos políticos debe contar con un tercio de mujeres y un 20 por ciento de personas menores de 35 años, al tiempo que se rebaja de 30 a 25 la edad mínima para poder presentarse como candidato a los puestos públicos electos.

De esta forma, se destinarán por primera vez 41 escaños a los más de 30 partidos registrados oficialmente, la mayoría de ellos con una línea progubernamental, al tiempo que mantiene un sistema de voto que da un mayor peso a las zonas poco habitadas, dominadas por grupos tribales, frente a núcleos de población habitados con una mayor cantidad de jordanos de ascendencia palestina.

Las autoridades jordanas buscan así aumentar el peso de los partidos políticos, ilegalizados en 1957 después de que las elecciones del año anterior derivaran en un Gobierno cercano al entonces presidente egipcio, el panárabe Gamal Abdelnaser. A pesar de que la medida fue retirada en 1992, las formaciones políticas siguieron teniendo un peso marginal en el país.

LAS COMPETENCIAS DEL REY

Por otra parte, estas modificaciones a la ley electoral también expandieron las competencias del rey, que puede nombrar y cesar a altos cargos del sistema judicial –incluido el presidente del Consejo Judicial– y otros organismos del Estado, sin necesidad de contar con el respaldo del primer ministro o cualquier ministerio con competencias.

Además, fue creado un Consejo de Seguridad Nacional que incluye a numerosas figuras, entre ellos el primer ministro, el jefe del Ejército, el jefe de los servicios Inteligencia y los titulares de Defensa, Exteriores e Interior, así como dos miembros nombrados directamente por el monarca, para abordar asuntos de seguridad y política exterior.

De hecho, la Constitución jordana establece que la mayoría de las competencias recaen sobre el monarca, que puede también nombrar al primer ministro y disolver al Gobierno. Así, el legislativo puede forzar la dimisión del Ejecutivo a través de una moción de censura, si bien los gobiernos han contado con pocos obstáculos en este sentido debido a que el Parlamento suele estar en manos de figuras aliadas.

El propio Abdalá II destacó en mayo que las elecciones supondrán «un hito» en el proceso de «modernización política» y sostuvo que «requiere los esfuerzos y la participación de todos», en un llamamiento a que la población acuda a las urnas para participar en las legislativas.

Así, explicó que los comicios representan «el inicio de una nueva fase de la acción partidista y parlamentaria», en un momento en el que el país hace frente a una crisis económica y ante el conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

EL CONTEXTO REGIONAL

Los comicios están considerados además como un intento del monarca de mantener una imagen de estabilidad en el país a pesar del conflicto en Oriente Próximo, en medio del riesgo de expansión de las hostilidades debido al aumento de las tensiones entre Israel e Irán, sin que los esfuerzos internacionales hayan derivado en un alto el fuego. Además, llegan apenas dos días después de que un jordano matara a tres guardias israelíes en un paso fronterizo, suceso del que Amán se ha desvinculado.

El país, que cuenta con más de once millones de habitantes –muchos de ellos de ascendencia palestina–, ha reclamado en numerosas ocasiones un alto el fuego y ha advertido a Israel contra un posible desplazamiento forzoso de población desde Cisjordania, al igual que ha hecho Egipto respecto a los palestinos de Gaza. Asimismo, Jordania fue objeto de críticas debido a su permiso a terceros países para el uso de su espacio aéreo para derribar drones y misiles lanzados en abril por Irán contra Israel en respuesta al bombardeo israelí contra el Consulado iraní en la capital siria, Damasco.

La situación ha supuesto un aumento de los desafíos a nivel de seguridad para Amán, debido al aumento de la influencia de Irán y de sus grupos aliados en la región –principalmente el partido-milicia chií libanés Hezbolá, los rebeldes hutíes en Yemen y las decenas de milicias proiraníes en Irak, con quien Jordania comparte frontera–, a lo que se suman los problemas por el tráfico de drogas desde Siria.

A nivel interno, el conflicto en Gaza –que deja ya cerca de 41.000 palestinos muertos– ha sido uno de los caballos de batalla del Frente de Acción Islámica (FAI), brazo político de Hermanos Musulmanes, lo que ha llevado a las autoridades a mostrar mano dura con las protestas en el país a pesar de su apoyo en foros internacionales a la causa palestina y sus críticas a Israel.

De hecho, Amnistía Internacional reclamó en abril a las autoridades que pusieran fin a sus acciones contra las manifestaciones en apoyo a los palestinos y que liberaran a decenas de activistas detenidos por sus críticas a las políticas de Amán, que en 1994 firmó un acuerdo de paz con Israel. «El Gobierno jordano debe liberar de inmediato a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente desde octubre de 2023 por su activismo en favor de Palestina», dijo Reina Wehbi, responsable de campañas la ONU para Jordania.

«El Gobierno debe garantizar que los manifestantes y activistas tengan libertad para criticar pacíficamente las políticas del gobierno hacia Israel sin ser atacados por las fuerzas de seguridad ni detenidos violentamente», sostuvo, antes de recalcar que «estos casos revelan la severidad de la represión de las autoridades jordanas contra los manifestantes propalestinos y ponen al descubierto violaciones flagrantes del derecho a un juicio justo, malos tratos a los detenidos y un patrón inequívoco de abusos y denegación de justicia».

Alrededor de 5.115.000 votantes se han registrado para participar en la votación, a la que concurrirán más de 1.600 candidatos. El presidente de la Comisión Electoral Independiente, Musa Maaitá, recalcó recientemente que se creará una plataforma electrónica para publicar actualizaciones de los resultados y prometió que el proceso será transparente.