El Rey Juan Carlos vuelve a estar en el ojo del huracán semanas después de la filtración de sus fotografías y sus audios privados con Bárbara Rey. Tras el escándalo desatado por los asuntos de Estado y cuestiones familiares que reveló a mediados de la década de los 90 a la vedette cuando pensaba que no estaba siendo grabado, el Emérito sufre un nuevo revés después de que cinco magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción ya jubilados, y diferentes intelectuales -entre los que se encuentran expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas- hayan presentado una querella criminal en su contra por cinco presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos entre 2014 y 2018.
Una denuncia en la que se argumenta que las dos regularizaciones fiscales que el padre del Rey Felipe VI presentó a la Agencia Tributaria en los años 2020 y 2021 -pagando un total de 5 millones de euros- y que la Fiscalía General del Estado dio por buenas en 2022, no cumplirían con los requisitos legales, ya que se habrían efectuado cuando al Monarca se le había notificado en dos ocasiones que había una investigación abierta en su contra por hechos con «relevancia tributaria».
Y al tener cononocimiento de que estaba siendo investigado, realizó una autoliquidación de las rentas correspondientes a dichos ejercicios fiscales -de 2014 a 2018- tras no haber declarado en su momento los millonarios ingresos que habría recibido a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Álvaro d’Orleans.
