El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha anunciado este lunes que tiene «decidido» presentar una «querella criminal» contra «todas las personas» que él considera que estuvieron implicadas en la denominada ‘Operación Cataluña’, que ha achacado al Gobierno del PP, y en el espionaje a políticos independentistas con el programa ‘Pegasus’.

Así lo ha dicho el exdirigente de Convergència, antecedente de Junts, al inicio de su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ‘cloacas’ del Estado, que se ocupa de estos dos asuntos. «Algunos salimos perjudicados, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que la democracia española, como consecuencia de la ‘operación Cataluña’ y del ‘Caso Pegasus’ de espionaje masivo, quedó lesionada», ha indicado, para justificar que tiene la «obligación política» de iniciar acciones legales.

Mas se ha referido a un informe de Citizen Lab que, según ha recalcado, demuestra que fue «objeto de un espionaje sistemático y permanente, durante cinco años». «Según estos expertos, fui la persona del Estado español que recibió un castigo más duro desde este punto de vista del espionaje ilegal y digo ilegal porque en mi caso no existía autorización judicial», ha enfatizado.

Según ha detallado, este software fue utilizado en su móvil coincidiendo con las elecciones del año 2015 en Cataluña, concretamente el día que se anunció la coalición para una mayoría independentista; cuando firmó la convocatoria electoral y el mismo día de las elecciones. «¡Qué casualidad!», ha ironizado.

FALTA UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En este contexto, ha exigido saber cómo se le pudo espiar, quién lo hizo, y qué uso se hizo de la información que se le sustrajo. «Si nadie me puede responder estas preguntas, entonces la pregunta es: ¿Este tipo de causas no merecen una investigación en el ámbito judicial?», ha deslizado.

Tras celebrar que al menos el Congreso sí haya abierto pesquisas al respecto, ha insistido en que hay que «dar un paso más» y en que de la investigación parlamentaria deben derivarse «consecuencias judiciales», habida cuenta de que «no hay un solo procedimiento judicial para dilucidar la verdad».

Además, ha contrastado las «durísimas penas» impuestas a los impulsores del ‘procés’ con el hecho de que todo esto no se haya investigado. «El contraste es brutal. Esta es la realidad. Y permítame que le diga que eso es lo que no entiendo de la reacción de los dirigentes que vienen aquí, que han ostentado altísimas responsabilidades y que fingen no saber nada de nada cuando resulta que sus voces están en todas partes. Lo que no entiendo es su cobardía. No entiendo que sean tan cobardes», ha lanzado.

En este contexto, ha recriminado al diputado del PP Santi Rodríguez que se hable «cínicamente» de grabaciones manipuladas. «¿No hay nadie aparte del señor Villarejo, que sea capaz de explicar y justificar la verdad? Yo me imagino que si se hizo todo esto fue porque debía haber, supongo, algún bien superior que se llamaba la unidad de España. Pero ahora resulta que delante de las evidencias se escapan, no reconocen nada, nadie hizo nada. Yo pensaba que la gallardía y el coraje en determinados partidos, y sobre todo en determinadas cúpulas, era superior», ha aseverado.

Y es que, a su juicio, «cuesta creer» que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tenía a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no supiera nada e ese espionaje, pero tampoco tiene pruebas de que estuviera implicada. «Queda muy bien diciendo que no sabía nada, pero entonces ¿puede garantizar la seguridad del Estado?», ha incidido.

¿QUIEN PODÍA ORDENARLO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL?

«¿Quién podía autorizar el uso del programa Pegasus para entrar 32 veces en el móvil de quien en aquel momento era, las primeras veces, presidente de la Generalitat de Cataluña, sin cobertura judicial? Y todos sabemos que este programa Pegasus solo se vende a los Estados y que dentro del Estado español solo podían tener acceso en la Policía Nacional, la Guardia Civil o el CNI», ha subrayado.

Preguntado si su plan es presentar una querella criminal contra los responsables de la ‘Operación Cataluña’ y otra contra los del espionaje con Pegasus o fusionar ambos asuntos, Mas ha indicado que hará lo que le recomienden sus letrados, si bien ha dejado claro que ambos temas van «agarrados de la mano».

«Una cosa suma con la otra; imagino que el espionaje servía también para obtener una información que luego se utilizaba», ha abundado, sin descartar ampliar esa querella o querellas a lo que tiene que ver con el caso de la Banca Privada de Andorra y el Banco de Madrid.

Tras subrayar que no le mueve ni la «venganza» ni el «odio», ha hecho hincapié que los responsables de esa operación «ilegal, ilegítima e inmoral» urdida «desde el corazón, las entrañas y el núcleo duro del Estado», tienen que «asumir sus responsabilidades» por estas maniobras, «sean cuales sean y afecten a quien afecten».

Según su relato, tras las movilizaciones en Cataluña contra la sentencia del Estatut, pidió a Mariano Rajoy buscar una «salida» y, aunque se llegó a hablar de un pacto fiscal que para él habría sido útil, el líder del PP no se avino a negociar nada y él decidió adelantar las elecciones a noviembre de 2012, en defensa del ‘derecho a decidir’.

Mas sostiene que fue entonces cuando desde el Gobierno se impulsó la ‘Operación Cataluña’ al constatar que «no podían ganar las elecciones a quienes defendían el derecho a decidir». El objetivo, siempre según su narración, era «destruirlos de manera que fuera, y por los medios que fueran, con independencia de si eran éticos, legales, legítimos o no», así como «alterar los resultados electorales».

Así, ha comentado que en mitad de esa campaña electoral se publicó la primera información en su contra que le apuntaba por cobro de comisiones en ‘caso Palau’ y ha recomendado a la comisión que pida el informe en el que la propia Policía apunta a que los grupos 21 y 22 de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) estaban «actuando de manera ilegal» y que eso se tenía que haber puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que «se cruzó de brazos».

POLÍTICOS, JUECES, FISCALES Y PERIODISTAS

«Gobernaba el PP con mayoría absoluta e hizo lo que hizo en connivencia con la Policía Nacional, el CNI, determinados jueces y fiscales que se prestaron y algunos periodistas que debían de hacer de altavoz para que todo lo que se maquinaba llegara opinión pública», ha subrayado, recalcando que se hicieron «informes falsos» dándoles apariencia de informes policiales y utilizando dinero público.

«En esta operación para cargarse gente por sus ideas valía todo», ha denunciado Mas, antes de recalcar que «todo está anotado y grabado» y que en los audio en los que sale el excomisario José Manuel Villarejo siempre habla con otras personas que tenían todas «un gran poder».

Así, ha mencionado al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho. «No estamos hablando de Villarejo, sino de una operación en toda regla montada para cargarse proyectos políticos, personas e ideas», ha puntualizado.

Preguntado por sus conversaciones con Juan Carlos I y Felipe VI sobre la situación en Cataluña durante su presidencia, ha señalado que habló más con el primero que con el actual jefe del Estado, pero rehusando dar detalles. «Mi impulso sería contestarle, pero me pesa mucho el sentido institucional», ha alegado, confesando eso sí que de ninguno de los dos sacó «el agua clara» y que lo que logró sacar no le «gustó del todo».