La aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo de programación 2023-27 entrará en vigor este 1 de enero, regulada por un paquete legislativo de ocho nuevos reales decretos.
Los agricultores y ganaderos españoles recibirán en torno a 7.150 millones de euros anuales de ayudas procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Seis de los ocho decretos aprobados regulan cuestiones ligadas directamente con la gestión de las ayudas establecidas en el plan estratégico de la PAC, mientras que los otros dos (nutrición sostenible de suelos y uso sostenible de fitosanitarios) son de carácter regulatorio de la actividad agraria, de forma que, si bien no afectan a las ayudas de la PAC, sí contribuyen directamente a los objetivos establecidos en el plan estratégico.
En total, el paquete legislativo de la PAC está formado por la ley y 18 reales decretos, de los que ya se han aprobado 15. Los tres que faltan de aprobar se refieren a penalizaciones, potencial vitícola y bienestar animal, y no condicionan la entrada en vigor del plan estratégico, según ha precisado el Departamento que lidera Luis Planas.
De esta forma, el real decreto por el que se regula la gobernanza del plan estratégico de la PAC en España y de los fondos europeos agrícolas Feaga y Feader establece la estructura administrativa y los procedimientos que permitirán la correcta ejecución del plan.
El real decreto de intervenciones del plan estratégico, requisitos comunes y solicitud única regulará las intervenciones en forma de pagos directos: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y sus pagos complementarios (pago redistributivo y pago a jóvenes agricultores y agricultoras), las ayudas asociadas y los ecorregímenes.
Además, en este real decreto figuran los requisitos comunes que afectan a todas las intervenciones del plan estratégico, como es el caso del de agricultor activo, y las definiciones relevantes para estas ayudas. Igualmente se establecen todas las disposiciones relativas al sistema de solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
Por su parte, el real decreto sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la PAC establece la normativa reguladora de la conversión de los derechos de pago básico actuales en los nuevos derechos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que estarán vigentes para el periodo de aplicación 2023-2027. En él se regula el nuevo modelo de 20 regiones que sirve de base para el cálculo del valor de los derechos.
Mientras que la norma por la que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social, establece el conjunto de obligaciones que deben cumplirlos beneficiarios para poder percibir las ayudas de la PAC establecidas por superficie y animales, en el marco de los pagos directos, el Feader y el Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
También se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del plan estratégico y otras ayudas de la PAC desarrolla todos los aspectos del control que hasta ahora se regulaban en la normativa europea y que, con la nueva PAC, que aplica el principio de subsidiariedad en el marco del nuevo modelo de rendimiento, debe diseñar cada el Estado miembro. Todo ello respetando el principio de proporcionalidad y con el doble objetivo de proteger los intereses financieros de la UE y prevenir el fraude, y de reducir la carga administrativa para la administración y para los beneficiarios.
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