Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) y de Ruanda han alcanzado este miércoles en Washington –donde han mantenido tres días de conversaciones mediadas por Catar– un acuerdo provisional de paz destinado a terminar con los combates en el este de RDC, a la espera de su rúbrica oficial el próximo 27 de junio.

El texto está basado en la declaración bilateral del pasado 25 de abril e «incluye disposiciones sobre el respeto de la integridad territorial y la prohibición de hostilidades; la retirada, el desarme y la integración condicional de los grupos armados no estatales», reza un comunicado conjunto firmado asimismo por el Gobierno de Estados Unidos, si bien no menciona explícitamente al Movimiento 23 de Marzo (M23) ni a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).

Asimismo, establece un «Mecanismo Conjunto de Coordinación de la Seguridad que incorpore el Informe de los Expertos sobre el Concepto de Operaciones (CONOPS) del 31 de octubre de 2024; la facilitación del retorno de los refugiados y desplazados internos, así como del acceso humanitario; y un marco de integración económica regional».

Este acuerdo provisional ha sido respaldado por «equipos técnicos» congoleños y ruandeses reunidos esta semana en la capital estadounidense, donde han establecido un «diálogo constructivo sobre intereses políticos, económicos y de seguridad», a la espera de la «firma ministerial del Acuerdo de Paz el 27 de junio de 2025».

En este sentido, la nota difundida por el Departamento de Estado estadounidense, destaca los esfuerzos de Qatar, cuyas autoridades han participado en estos encuentros «para garantizar la complementariedad y la alineación entre las iniciativas de ambos países encaminadas al diálogo y la paz en la región», una labor que tanto RDC como Ruanda han agradecido al considerarla «valiosa».

HRW SEÑALA AL M23 Y A ACNUR POR TRASLADOS FORZOSOS A RUANDA

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado este miércoles al grupo rebelde M23, «controlado por Ruanda», de cometer crímenes de guerra al deportar a este país a más de 1.500 personas de la zona oriental ocupada de República Democrática de Congo, en violación de los Convenios de Ginebra de 1949.

«El Gobierno de Ruanda y el M23 deben poner fin de inmediato a los traslados forzados de ciudadanos congoleños y refugiados ruandeses, que constituyen crímenes de guerra», ha denunciado a través de un comunicado.

La organización humanitaria ha asegurado que el apoyo militar y logístico de Kigali al M23 fue fundamental para que este grupo capturara Goma y Bukavu, capitales provinciales de Kivu Norte y Kivu Sur, tras lo que, durante los siguientes meses, desmanteló los campamentos de desplazados alrededor de Goma. Fue allí adonde el grupo armado trasladó a esas personas antes de deportarlas ilegalmente a territorio ruandés.

«El traslado forzoso de civiles a Ruanda, ya sean ciudadanos congoleños o refugiados ruandeses, es un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra», ha afirmado la investigadora de Human Rights Watch para los Grandes Lagos africanos, Clémentine de Montjoye.

«El control de Ruanda sobre el M23 en el este de RDC la convierte en responsable última de los numerosos abusos cometidos por el grupo armado», ha agregado, en un texto que señala que el rol ruandés cumpliría los criterios del Derecho Internacional Humanitario sobre ocupación beligerante.

Por otra parte, HRW ha criticado el trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que usa frecuentemente para repatriaciones voluntarias el Centro Cristiano del Lago Kivu, en Goma, unas instalaciones que han sido empleadas por el M23 para deportar a personas a Ruanda.

«Las autoridades ruandesas llevan mucho tiempo persiguiendo a quienes critican públicamente al Gobierno, incluidos los refugiados y solicitantes de asilo bajo la protección de ACNUR», ha afirmado De Montjoye, instando a la agencia de Naciones Unidas a «tomar medidas para proteger la seguridad de las personas deportadas a Ruanda».

Según las informaciones de HRW, muchos deportados expresaron su temor a sufrir abusos en Ruanda, mientras que el M23 desplegó fuerzas alrededor de las instalaciones para impedir que la gente escapara. A este respecto, la Agencia de la ONU habría dicho a la ONG que la selección de refugiados a deportar en uno de los traslados de ACNUR se «realizó bajo presión» y que, para este grupo, regresar a Ruanda «era la única opción disponible».

Sin embargo, según los Convenios de Ginebra, el traslado o la deportación deben ser «forzados» para constituir un crimen de guerra, y el consentimiento para ser trasladado debe ser voluntario y no darse bajo condiciones coercitivas, ha recordado Human Rights Watch.

Por ello, De Montjoye ha considerado «necesaria una presión internacional concertada sobre Ruanda para que ponga fin de inmediato a las deportaciones, garantice la seguridad de todas las personas en las zonas ocupadas y haga rendir cuentas a los responsables de los abusos».