La Mesa de Diálogo Interconfesional de España, integrada por representantes de las distintas confesiones cristianas –Iglesia católica, evangélicos, ortodoxos y anglicanos– han pedido al Gobierno establecer un grupo de trabajo conjunto para valorar los posibles efectos de la propuesta de eliminar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos (recogido en el artículo 525 del Código Penal) y explorar mecanismos para blindar el derecho a la libertad religiosa.
Así lo reclamaron durante una reunión celebrada el pasado viernes 20 de junio con la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Por parte de las confesiones cristianas, en la reunión estuvieron presentes la presidenta de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, Carolina Bueno; el vicepresidente, Timotei Laurant; y el secretario, Rafael Vázquez, según han informado en sendos comunicados, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).
El encuentro tuvo lugar en respuesta a una solicitud presentada por la Mesa tras el comunicado conjunto emitido el pasado 10 de diciembre de 2024, en el que proponían al Gobierno abrir un «diálogo» ante su «seria preocupación» por el anuncio realizado el pasado 17 de septiembre de 2024 por parte del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de una reforma integral del Código Penal, incluyendo la derogación del delito contra los sentimientos religiosos.
Según la CEE, los representantes de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España han trasladado a la directora de Libertad Religiosa su «temor» por el hecho de que derogar el delito contra los sentimientos religiosos «pueda crear un clima de falta de respeto generalizado hacia los creyentes de cualquier religión».
También han señalado la desprotección que podría suponer la derogación de este delito para los cristianos y miembros de otras religiones ante ataques e insultos por motivos religiosos.
Además del anuncio por parte del Ejecutivo, el Grupo Socialista presentó una proposición de ley el pasado mes de enero en el Congreso para limitar la actuación de las acusaciones populares en la que incluyó la eliminación de los delitos contra las ofensas religiosas contemplado en el artículo 525 del Código Penal, que se encuentra pendiente de debate en el pleno de la Cámara Baja. Junto con ello, el Congreso aprobó en septiembre de 2023 tramitar una iniciativa de Sumar en el mismo sentido pero que no ha avanzado en su tamitación puesto que desde febrero de 2024 ha chocado con la continua ampliación del plazo para la presentación de enmiendas en la Mesa de la Cámara.
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Por otro lado, la Mesa de Diálogo Interconfesional ha presentado una carta dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que las confesiones cristianas reclaman «acabar con las situaciones injustas y discriminatorias que hoy viven los ministros de culto de confesiones minoritarias en lo que se refiere a la cotización en la Seguridad Social».
En concreto, reclaman la aprobación del Real Decreto para los Pastores Protestantes «a los que no se permitió cotizar a la Seguridad Social hasta 1999, para dar cumplimiento a las Sentencias del TEDH del 2012 y del TS del 2007» y la aprobación del real decreto que permita la cotización a la Seguridad Social de los sacerdotes, religiosos y religiosas del Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal.
También piden la habilitación de la posibilidad de la cotización en la Seguridad Social a tiempo parcial de los ministros de culto ortodoxos y protestantes que se encuentren en la necesidad de compatibilizar su ministerio religioso con un trabajo secular; y permitir la cotización a la Seguridad Social de los sacerdotes, religiosos y religiosas de todas las confesiones cristianas orientales.
