El portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Óskar Matute, ha instado este miércoles al Gobierno de España a impulsar medidas legales «urgentes» contra lo que ha calificado como «la asquerosa realidad sistémica que es la corrupción», con especial énfasis en la actuación de las empresas corruptoras.

Ante eso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha admitido que los casos de corrupción «abochornan» a los socialistas y acepta sugerencias de sus aliados, pero ha defendido las medidas en vigor y ha insistido en la necesidad de «restaurar la confianza» de los ciudadano.

En la sesión del control del Congreso, Matute ha señalado que en toda trama de corrupción hay siempre tres actores principales: «quien se corrompe, quien corrompe y quienes deberían velar porque esto no sucediera».

«El resultado de prácticas sistemáticas, y a todos nos sonará un porcentaje famoso, reiterado y repetido en todo el territorio, y sistémicas, a decenas de casos probados me remito, siempre de redes empresariales extractivas, con complicidad, anuencia y colaboración necesaria de políticos deshonestos», ha denunciado el parlamentario independentista, añadiendo que es necesario «destapar, perseguir y sancionar a quienes se forran comprando voluntades de gente sin ética».

Matute ha demandado «contundencia, hasta las últimas consecuencias, con cualquiera de los eslabones necesarios: corruptos, corruptores y colaboradores necesarios». También ha pedido medidas concretas como «modificar las leyes de contratación pública para que la objetividad ocupe el lugar preeminente que debe», así como la «prohibición de concurrir en adjudicaciones públicas a perpetuidad a quien incurre en prácticas ilegales» y la devolución de ayudas públicas por parte de las empresas implicadas.

«EL FUNCIONARIO QUE SE CORROMPE YA ES DELITO»

En su turno de réplica, Bolaños ha asegurado que el régimen legal español «ya contempla las dos figuras» mencionadas por Matute: «Es delito tanto el funcionario que se corrompe, como también la empresa o el particular que ofrece regalos, dádivas al funcionario».

El titular de Justicia ha destacado que «no hay una limitación de responsabilidad» ni para personas físicas ni jurídicas, y ha recordado que, con el apoyo del grupo parlamentario de Bildu, el Ejecutivo introdujo el delito de enriquecimiento ilícito, tal como recomendaban las Naciones Unidas.

Asimismo, Bolaños ha subrayado que la legislación impide licitaciones públicas a empresas condenadas por corrupción y que las juntas de contratación están integradas únicamente por «funcionarios de carrera, no altos cargos ni personal eventual». No obstante, ha añadido: «Por supuesto que todo se puede perfeccionar. Estamos encantados de escuchar propuestas, de escuchar sugerencias».

El ministro ha concluido destacando iniciativas del Ejecutivo como la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante, el refuerzo de la Fiscalía con dos unidades especializadas en corrupción pública y privada, y la tramitación de una ley de lobbies. «Estamos abiertos a cualquier sugerencia para fortalecer nuestro sistema contra cualquier comportamiento corrupto», ha rematado.

JUNTS NO GARANTIZA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL DE BOLAÑOS

El ministro de Justicia también ha respondido hoy a las preguntas de Junts en la sesión de control. El diputado Josep Pagès ha aseverado que «no son socios» del Gobierno central «ni de ningún partido español», al tiempo que ha afirmado que si gobierna en el futuro PP y Vox será por los casos de corrupción del PSOE «y por el pánico de las izquierdas».

«No crea que vamos a dar siete votos para que lleve la firma del PSOE», ha dicho el parlamentario independentista sobre dicha reforma, insistiendo en que su partido «no forma parte de ninguno de los bloques». «No hemos sido socios de su Gobierno ni hemos firmado ningún acuerdo de estabilidad», ha insistido.

A continuación, Pagès ha lanzado una crítica directa al comportamiento de otras fuerzas progresistas: «No tenemos que gesticular como hacen los socios de izquierdas. Y no nos ha temblado el pulso de votar que no». Según ha afirmado, Junts no tiene entre sus objetivos «la reforma del Estado español y sus instituciones», y ha advertido que la actual propuesta «responde a sus intereses y genera un enorme recelo» en los colectivos judiciales.

BOLAÑOS: «LA JUSTICIA NECESITA MODERNIZARSE»

En su turno de réplica, Bolaños ha defendido que «ahora es el momento de lograr un consenso de todos los grupos que tumbaron» las enmiendas a la totalidad contra la reforma judicial, y espera que en cuando se debata la aprobación de la ley cuente con el apoyo de Junts, unos votos imprescindibles para que salga adelante.

«La Justicia necesita reformarse, modernizarse, mirar al futuro. Vamos a trabajar sus enmiendas», ha dicho el ministro, quien ha subrayado que con estas modificaciones el poder judicial va a pasar de estructuras antiguas del siglo XIX a otras que van dar más flexibilidad a los tribunales del país.