El Gobierno buscará este viernes en una reunión de ministros de la UE el respaldo político a avanzar en el estudio de su propuesta para el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea; tras varios intentos fallidos para que esta medida, que requiere el respaldo por unanimidad de sus socios, fuera sometida al voto de los 27 para su adopción.

Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se ha incluido en la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE –cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, otra cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y una sexta, en mayo con Polonia–.

Esta vez no se presenta como un «punto para adopción» –como pidió España en citas anteriores–, sino como un mero punto de debate, lo que en la práctica supone dejar margen al secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, para solicitar en el último momento una votación si así lo considera.

El debate del pasado mayo fue «duro», según cuentan varias fuentes diplomáticas a Europa Press, ya que a la decena de países que habían expresado sus reservas en reuniones preparatorias, se sumó Alemania, cuyo representante tomó la palabra para rechazar de plano la votación y cuestionar la falta de información.

Varias delegaciones confirman en las horas previas que mantienen las reservas porque «nada ha cambiado» respecto a la falta de respuesta a sus reiteradas preguntas sobre el impacto legal, práctico y financiero de un cambio del reglamento de lenguas. Además, los servicios legales mantienen firmes dudas y advierten de que podría ser necesaria una reforma de los Tratados para afianzar su base legal.

No en vano, cuando España intentó por primera vez la oficialidad de las lenguas en 2023, la votación quedó también aplazada a expensas de avanzar el análisis en grupos de trabajo en el seno del Consejo, aunque este encargo no llegó a concretarse y Madrid optó por buscar acuerdos en bilateral directamente con las capitales.

Ahora, algunas delegaciones ven un giro en el modo de operar del Gobierno al no insistir en la adopción inmediata y lo interpretan como una señal de «apertura y pedagogía», según explica a Europa Press un diplomático en Bruselas, aunque insisten en que para avanzar en la reflexión es necesario un «trabajo preliminar exhaustivo» que no se ha dado por ahora a nivel de 27.

Este giro puede ayudar a que la petición sea tomada más en serio, valoran fuentes diplomáticas, en tanto que no insiste en votar una medida que está muy lejos de la unanimidad requerida; por lo que puede servir para comprobar si hay una mayoría suficientemente amplia de Estados dispuestos a seguir explorando, por ejemplo en grupos de trabajo o encargando a la Comisión y al Consejo las evaluaciones de impacto que un buen número de socios reclama.

Estas son las reclamaciones clave que los países con mayores dudas hacen desde que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llevó el asunto por primera vez a una reunión de 27 en el segundo semestre de 2023 pero que no han sido atendidas en ninguna de las ocasiones que la oficialidad de las lenguas cooficiales ha vuelto a la agenda del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Esta misma semana, Albares admitió desde Bruselas que no hay unanimidad, pero defendió que las lenguas cooficiales deben «oficializarse pronto» porque la situación actual es una «discriminación hacia España y hacia nuestra identidad nacional».

A pocas horas de que se celebre la reunión de ministros, además, los presidentes de Cataluña y País Vasco, Salvador Illa e Imanol Pradales, se han sumado a la presión sobre la UE con una carta a la que no se ha sumado el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y que ha sido enviada a los ministerios de Exteriores de los 27 para reclamar «justicia lingüística» para una iniciativa con «amplio respaldo social».

APLICACIÓN PARCIAL Y ASUNCIÓN DE LOS COSTES

En mayo, el Gobierno presentó una propuesta de reforma del reglamento de lenguas más completa que incluía en su parte de «considerando» el compromiso de asumir todo su coste y planteaba una implementación parcial a partir de 2027, ya que a partir de esa fecha únicamente se traducirían de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento, lo que en la última legislatura supuso menos de 3% de todos los actos jurídicos.

Esta aplicación parcial derivaría de una «derogación» inmediata por la que las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en las tres lenguas, según consta en la propuesta circulada a las capitales y a la que tuvo acceso Europa Press. Dicha derogación sería revisada a más tardar en un plazo de cuatro años y podría ser revertida pero, de nuevo, mediante decisión por unanimidad de los 27.

La propuesta, sin embargo, no convenció a los Estados miembro. Quedó patente que no habría unanimidad con la primera intervención de Alemania, que avisó de que votaría en contra si se forzaba el voto, seguida de Italia, que incidió en la necesidad de contar con un análisis legal por escrito de los servicios legales del Consejo. También expusieron dudas y críticas por la falta de evaluaciones de impacto financiero, legal y práctico otros socios como Austria, República Checa o Finlandia.

Desde entonces, el Gobierno ha enviado al resto de países un documento de trabajo de cuatro páginas explicando de nuevo las claves de su defensa, incluida la reivindicación de la «identidad nacional plurilingüe» de España y el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales en la Constitución, así como su uso en el Congreso de los Diputados y del Senado.

También evoca que el catalán, euskera y gallego se usan desde 2005 en diversas instituciones de la UE gracias a acuerdos administrativos específicos, incluido en el Consejo y en el Comité de las Regiones de la UE, e insiste en que las especificidades del caso español hacen que no suponga un «precedente» al que puedan sumarse más adelante otras lenguas regionales.

Además, España ha presentado una propuesta «revisada» de la que puso sobre la mesa en mayo para incluir en el articulado y no sólo en los «considerando» el compromiso de que será España quien asuma el coste del reconocimiento de las lenguas, según ha podido saber Europa Press, aunque sigue sin haber una cifra sobre cuál sería ese coste.

El que el Gobierno asuma este coste sería una anomalía ya que una de las claves del reglamento de lenguas oficiales de la UE es que garantiza que la financiación de su interpretación y traducción recae plenamente sobre las arcas comunitarias. Por eso, y pese al compromiso declarado del Gobierno, los países con mayores dudas piden aclarar tanto desde el punto de vista financiero como legal la cuestión de la financiación.

«España ha presentado una propuesta revisada que declara más claramente que el Gobierno asumiría todos los costes derivados. Aunque esto es bienvenido, no se ha presentado ningún análisis sobre el impacto de la propuesta», explican a Europa Press desde uno de los países con mayores dudas. Otra delegación confirma que «no hay cambio de posición» respecto a la última vez en que se trató, porque el asunto «no está bastante preparado» en lo que a cuestiones técnicas, económicas y jurídicas se refiere» y, por tanto, no están preparados para avanzar.

A finales de 2023, la Comisión Europea ofreció un cálculo estimado de 132 millones de euros al año, basándose en la experiencia previa del gaélico. Desde entonces, el Ejecutivo comunitario se ha mostrado dispuesto a realizar un análisis detallado del caso español siempre que así se lo pida el Estado miembro o el Consejo, pero este extremo no se ha producido.