La población de Guinea está llamada a las urnas este domingo para unas presidenciales en las que está previsto que el líder de la junta militar instaurada tras el golpe de Estado de 2021, Mamady Doumbouya, se haga con la victoria y mantenga su posición al frente del país africano, en medio de críticas por su deriva autoritaria y por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.

Doumbouya, un antiguo comandante de las fuerzas especiales que encabezó la asonada que derrocó a Alpha Condé en medio de la crisis postelectoral desatada tras los comicios de 2021 –en los que la oposición denunció un fraude–, había prometido ceder el poder a los civiles y completar una transición, con una nueva etapa en la que los militares no jugarían papel alguno.

Una de las primeras acciones de la junta tras la asonada fue publicar la Carta de Transición que prohibía a los integrantes de las autoridades levantadas tras el derrocamiento de Condé presentarse a las elecciones, si bien no presentó un calendario para este proceso en los seis meses que dio de plazo la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), lo que elevó las tensiones a nivel interno.

Finalmente, la junta aceptó un plazo de dos años para esta transición, con elecciones contempladas a finales de 2024, un plazo que fue violado argumentando dificultades a la hora de organizar la votación. Sin embargo, Doumbouya prometió en su discurso de Año Nuevo que en 2025 tendrían lugar elecciones para consolidar el proceso abierto, marcado por un referéndum constitucional lastrado por el boicot opositor y la victoria del ‘sí’ con cerca del 90 por ciento de los votos.

La Constitución aprobada excluía una prohibición a los miembros de la junta a presentarse a los posteriores comicios, un paso clave para que Doumbouya pudiera aspirar a la Presidencia, lo que provocó críticas del principal opositor, Cellou Dalein Diallo, líder de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), quien dijo que el referéndum buscaba «legitimar un golpe de Estado».

Asimismo, la nueva Carta Magna aumenta el mandato presidencial de cinco a siete años –renovable una única vez– y da al Ejecutivo un peso importante sobre el Legislativo, al tiempo que recoge que los candidatos al Parlamento deben ser miembros de un partido político legal, lo que lastra a la oposición, cuyas formaciones han sido reiteradamente suspendidas y prohibidas.

Esta marginación de la oposición se ve representada en el hecho de que ninguno de los principales opositores haya recibido el visto bueno para presentarse a las presidenciales, lo que allana el camino al líder de la junta –con formación militar en Israel, Senegal, Gabón y Francia, donde sirvió 15 años en la Legión Extranjera– para obtener una victoria incontestable y consolidar su figura, ahora como líder civil.

SIN FIGURAS OPOSITORAS RELEVANTES

Las presidenciales estarán marcadas por otra de las cláusulas de la nueva Constitución, ya que el texto contempla que los candidatos a puestos públicos –incluida la jefatura de Estado– deben tener entre 40 y 80 años de edad y residir en Guinea, lo que acabó formalmente con las aspiraciones de sus principales rivales.

Así, esta limitación apartó a Diallo, de 73 años y residente en el exilio entre Senegal y Costa de Marfil después de la asonada, y de Condé, de 87 años y también en el exilio en la ciudad turca de Estambul. Además, excluyó al ex primer ministro Sidya Touré, de 80 años y también en el exilio. Los tres eran las caras más reconocibles que podrían atraer votos y suponer una verdadera amenaza a las aspiraciones de Doumbouya, dado que cuentan con respaldos relevantes en el país africano.

Diallo, quien afirmó haberse impuesto en las elecciones de 2021, criticó recientemente en un discurso publicado en su cuenta en Facebook que las elecciones son «una farsa». «No habrá una elección, habrá una farsa con el único objetivo de dar una pátina de legitimidad y legalidad a la confiscación programada del poder por parte de Doumbouya, en violación de su juramento y su palabra de oficial», dijo.

El líder de la UFGD criticó además que la organización de las elecciones ha estado dirigida por la junta y las instituciones nombradas por los militares, al tiempo que anunció su decisión de mantener su llamamiento al boicot y su negativa a apoyar a ninguno de los políticos cuyas candidaturas han sido aceptadas por las autoridades. «Negarse a participar no es huir del combate, es defender la República», zanjó.

De hecho, las elecciones son las primeras que se celebran desde 2006 que están siendo organizadas por el Ministerio de Administración Territorial y Descentralización, cuyo jefe fue nombrado por Doumbouya, en lugar de por una comisión electoral independiente, lo que ha generado aún más dudas sobre la transparencia del proceso.

Entre los aspirantes destaca el economista Abdoulaye Yero Balde, líder del Frente Democrático de Guinea (Frondeg), quien abandonó el partido de Condé en 2020 debido a su oposición a que el entonces presidente se presentara a un tercer mandato y quien figura como probable segundo en la carrera electoral.

Junto a la suya estarán las candidaturas de Faya Lansana Millimono, líder del Bloque Liberal y quien respaldó a la junta tras el golpe de Estado –si bien posteriormente se distanció de Doumbouya por sus planes para presentarse a las elecciones–, y Hadja Makale Camara, una exministra de Exteriores de Condé que ahora encabeza el Frente para la Alianza Nacional (FAN) y quien es la única mujer que aspira a la Presidencia.

Por su parte, Ibrahima Abe Sylla, nombrado por Doumbouya como ministro de Energía –cargo que ya no ocupa–, aspira a acaparar parte del voto joven bajo la bandera de Nueva Generación para la República, mientras que el resto de caras –Abdoulaye Kourouma, Mohamed Cherif Haidara, Bouna Keita y Mohamed Nabe– son figuras poco conocidas a nivel político en Guinea.

PROHIBICIÓN DE LAS PROTESTAS

El clima de dudas en torno a la deriva autoritaria de Doumboya se ha visto acrecentado por la decisión de la junta de prohibir las protestas y limitar las actividades de la oposición, unas decisiones adoptadas bajo el argumento de la seguridad y la protección de la estabilidad que se suman a las condenas por parte de activistas y opositores por la reducción del espacio cívico.

Las fuerzas de seguridad fueron además criticadas por su papel en la muerte de más de 130 personas en una estampida durante un partido de fútbol celebrado en Nzérékoré durante el Torneo de la Refundación, con un título que iba a ser entregado por Doumbouya. El incidente llevó a varias ONG a pedir investigaciones transparentes, sin que haya habido rendición de cuentas.

De hecho, Naciones Unidas denunció el viernes las «graves restricciones» al espacio civil y político, marcado por «la intimidación a los opositores, desapariciones forzosas por aparentes motivos políticos y limitaciones a la libertad de medios», hechos que pide que sean investigados «de forma rápida e imparcial».

Así, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, destacó que el objetivo sería «intimidar a figuras opositoras, afectar la campaña y disuadir una movilización de votantes», al tiempo que sostuvo que «contribuyen a un clima de miedo entre los actores políticos y la población en general, suponiendo un riesgo de socavar la credibilidad del proceso electoral».

Por ello, pidió a la junta que «proteja también la libertad de expresión, asamblea pacífica y participación política en el proceso electoral, garantizando un clima libre de miedo, coacción y represión», en medio de las dudas sobre la credibilidad de los resultados que salgan de las urnas en este proceso, defendido por la junta como legítimo.