Las autoridades del estado de Illinois han presentado una demanda contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por el despliegue a gran escala de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que considera un «flagrante abuso de poder» y denuncia que actuaron como «fuerzas de ocupación».

El gobernador, J.B. Pritzker, ha indicado en un comunicado que se han visto «escenas de terror por parte de agentes federales que han asaltado de forma agresiva a las comunidades y vecinos de Illinois, a los que han aterrorizado, socavando sus derechos constitucionales y amenazando la seguridad en las calles».

Así, el político demócrata ha señalado que ante la postura «cruel» e «intimidatoria» de la Administración Trump, el estado de Illinois ha visto necesario «tomar medidas para hacer frente a estos ataques contra su población». «Hoy, llevamos nuevamente a Trump ante la justicia para que rinda cuentas por estas tácticas ilegales, este flagrante abuso de poder y este aumento innecesario de la tensión», ha explicado en una medida que sigue los pasos del estado de Minnesota.

«Los agentes de la Guardia Fronteriza y del ICE han actuado como fuerzas de ocupación, más que como agentes del orden y la ley», ha declarado, por su parte, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul. «Están interrogando, de forma aleatoria y a veces violenta, a los residentes. Sin que haya órdenes judiciales o indicios de delito», ha lamentado.

En este sentido, Pritzker ha acusado a los agentes de «detener de forma brutal a los ciudadanos y a aquellos que no lo son». «Han utilizado armas químicas contra los transeúntes y han provocado decenas de heridos, entre ellos niños y ancianos», ha añadido.

«Presentamos esta demanda para defender a la gente de Illinois y la soberanía de nuestro estado. La gente tiene derecho a sentirse segura en sus casas y en sus vecindarios, pero la presencia de estos agentes lo hace imposible», ha afirmado la vicegobernadora, Juliana Stratton. «Estamos tomando medidas para proteger el derecho a la seguridad; porque nadie está por encima de la ley», ha apuntado.

Previamente, Minnesota presentó una medida similar tras el anuncio de un nuevo despliegue de un millar de agentes del ICE, que se sumarían a los 2.100 que ya se encuentran en el territorio. Esta llega a medida que crecen las protestas por la muerte de una mujer a manos de estos policías. No obstante, el Gobierno federal sigue defendiendo su actuación y ha acusado a la víctima de cometer un acto de «terrorismo doméstico».