El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo considera que el Partido Socialista será responsable del bloqueo si no acepta renovar la vacante del Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Senado, según han informado fuentes de la cúpula del PP.
Esta misma semana ha habido un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, después de que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hayan conseguido presentar los nombres de los cuatro magistrados del tribunal de garantías que relevarán a los que vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio.
Se trata del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exdirectora del Ministerio de Presidencia Laura Díez, propuestos por el Gobierno; así como del magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y de la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano, por parte del CGPJ.
Sin embargo, aún queda pendiente una vacante que debe elegir el Senado, después de que el magistrado de sensibilidad conservadora Alfredo Montoya renunciara a su cargo el pasado mes de julio por motivos de salud. Por lo tanto, estos últimos meses han sido once los integrantes del Pleno del TC.
La Cámara Alta debe elegir al sustituto de Alfredo Montoya entre los candidatos designados por los distintos Parlamentos autonómicos, pero ese plazo que se cumplió el 12 de diciembre se ha vuelto a ampliar.
De hecho, hasta el 12 de diciembre las Cortes de Aragón era la única asamblea autonómica que había remitido al Senado su candidato, proponiendo al magistrado José Ricardo de Prada, que fue uno de los autores de la sentencia del ‘caso Gürtel’ en la que se apoyó el socialista Pedro Sánchez para promover una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.
El juez De Prada siempre ha provocado el rechazo de los ‘populares’ durante las negociaciones con el PSOE estos últimos años para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cuatro años caducado. En febrero de 2021, los dos grandes partidos estuvieron a punto de cerrar un acuerdo para el Consejo que saltó por los aires al final, entre otras cosas, por el veto del PP de Pablo Casado a los jueces Victoria Rosell y De Prada.
«EL GOBIERNO TENDRÁ QUE DECIR SI QUIERE BLOQUEAR»
El PP es el principal interesado en este momento en nombrar esa vacante del TC que depende del Senado para equilibrar fuerzas, dado que con la renovación de esta semana hay siete magistrados progresistas y cuatro conservadores en el tribunal de garantías. Sin embargo, necesita ponerse de acuerdo con el PSOE porque la elección requiere una mayoría de tres quintos.
Aunque fuentes del equipo de Feijóo ha señalado a Europa Press que no hay «prisa» en esa renovación, ya advierten de que si el PSOE no se aviene a negociar quedará retratado como responsable de este bloqueo en el TC.
«Vamos a reivindicarla. Si la quieren bloquear están en derecho», han señalado fuentes del PP, que han subrayado que será el Gobierno de Pedro Sánchez el que tendrá que asumir si quiere aparecer públicamente cómo que es el que bloquea esa renovación.
EL SENADO DA MÁS MARGEN
Y en este contexto, la Mesa del Senado decidió ampliar el plazo para que los Parlamentos autonómicos remitan sus candidatos para ocupar la vacante que le corresponde en el Tribunal Constitucional, manteniendo abierto el proceso para elegir el nombre que ocupará el puesto que dejó en verano el magistrado Alfredo Montoya.
La primera ampliación del plazo para que los Parlamentos autonómicos envíen sus propuestas al Senado se hizo a petición de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, aunque fuentes parlamentarias han desvelado a Europa Press que solamente se ha recibido la propuesta de Aragón.
Una vez concluido el plazo de candidaturas, el Senado convocará la Comisión de Nombramientos para que los aspirantes que haya comparezcan y expongan sus méritos. Deberá después elegir el nombre que ocupará el puesto que dejó Alfredo Montoya y aprobar la elección en el Pleno, donde será necesario el voto a favor de PP y PSOE para alcanzar la mayoría reforzada que se exige en estos casos.
La Comisión de Nombramientos está presidida por Ander Gil y en ella se encuentran los portavoces de los grupos parlamentarios, que tendrán que decidir la idoneidad de los candidatos propuestos por las Asambleas legislativas de las distintas comunidades.
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