La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha anunciado que el Ejecutivo foral está ultimando una nueva ley de víctimas del terrorismo «en positivo», «mucho más integral y actual».
En su opinión, «traerá mejoras prácticas para las víctimas y completara nuestro texto foral» en un ámbito en el que, ha recordado, «es el Estado quien tiene la potestad de reconocer oficialmente a este tipo de víctimas».
De la misma manera, ha señalado que «pronto» se organizará un tercer acto público a las personas reconocidas en la Comisión de Reconocimiento y Reparación como víctimas de violencia policial o grupos de extrema derecha.
Así lo ha avanzado, durante una interpelación del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra, en la que ha reivindicado una «memoria integral, deslegitimando la violencia como instrumento político desde un suelo ético que nos insta a reconocer a todas las víctimas de las distintas violencias, sin equiparaciones ni diluciones, pero todas con los mismos derechos de verdad, justicia, reconocimiento y reparación». En este sentido, ha advertido de que «no vivimos buenos tiempos para la memoria y la convivencia» con una «ultraderecha que convierte al adversario en enemigo y a las personas en cosas».
Ollo ha afirmado que Navarra es «referente estatal y europeo en materia de memoria y convivencia, con políticas públicas referenciales y consolidadas», poniendo en valor los trabajos sobre la Guerra Civil, el franquismo, el terrorismo de ETA y la violencia practicada por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha. En este marco, ha destacado que el objetivo del II Plan de Convivencia es «abordar los nuevos retos sobre convivencia en una sociedad cada vez más diversa como la navarra».
La consejera ha señalado que «para avanzar en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas» es necesaria «voluntad política», instrumentos «legales y operativos» y financiación, y ha opinado que «se están dando pasos en los tres». Ha destacado las medidas impulsadas desde su departamento como la iniciativa ‘Escuelas con memoria’, las exhumaciones de fosas o diversos actos de reconocimiento, y ha avanzado que «en cuestión de meses» se inaugurará el Centro de Memoria y Convivencia que se ubicará en el antiguo palacio de Rozalejo.
El representante del PSN Javier Lecumberri ha admitido que «no estamos siendo del todo ejemplarizantes en avanzar en convivencia y memoria con nuestros comportamientos» y ha destacado que, actualmente, los «grandes problemas» vienen derivados de «los cambios en nuestra sociedad», con «una escalada bélica» y una «creciente polarización política»; y de las «heridas» que ha dejado en la sociedad la Guerra Civil, la dictadura, el terrorismo de ETA y otras violencias.
En este marco, ha destacado que «para luchar contra todo esto» el Plan de Convivencia plantea acciones que «son positivas y se están desarrollando correctamente». A ello ha sumado la Ley de Memoria Histórica, la Ley de abusos policiales y de extrema derecha y la Ley de Víctimas del Terrorismo. «Tenemos que avanzar en estos problemas de convivencia y en la memoria y poder, entre todos, superar el sufrimiento» y «avanzar en una sociedad con valores de tolerancia, respeto y convivencia» ha dicho.
La representante de UPN Isabel Olave ha recordado que para aprobar el primer Plan de Convivencia «no consiguieron una mayoría social y política y no han traído el segundo ni han querido debatirlo porque prefieren un plan mediocre y ajeno a Navarra, que no invalide a Bildu» y, por lo tanto, «comprometa la continuidad de este Gobierno». Un plan de convivencia para Navarra «debe recoger la exigencia de la condena del terrorismo de ETA y debe invalidar para la convivencia a quien no lo condene», ha defendido, para criticar que «eligen aprobar un plan ajeno a Navarra». «La condena que recoge el segundo plan es un engaño si no lleva aparejado el aislamiento político de quien no cumple», ha censurado.
Irati Jiménez, de EH Bildu, ha indicado que «no vamos a entrar en debates en que la memoria se aborde desde la crispación» y ha apostado por una «memoria inclusiva que reconozca todas las vulneraciones de derechos». «Hablar en términos constructivos y desde la serenidad es necesario para poner en marcha un plan de convivencia que permita abordar el conflicto y convivir entre diferentes», ha remarcado, para apostar por medidas para «confrontar el machismo, el racismo y cada vez la mayor desigualdad social que existe». «Solo así podremos afrontar el auge de la extrema derecha y del fascismo», ha subrayado.
Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha destacado que en Navarra «se han producido avances significativos en materia de políticas públicas de memoria y convivencia», y ha llamado a «profundizar en ellas» en un contexto «lleno de amenazas de involución como el autoritarismo, las noticias falsas y la desinformación o el discurso del odio y la xenofobia».
Por parte del PPN, Javier García ha destacado que «las políticas de convivencia y memoria deben venir de la condena explícita y sin ambages a toda la violencia, incluida la de ETA». Y ha acusado al PSN de llevar «años blanqueando a Bildu, a quienes siguen sin condenar la barbarie terrorista ETA y a quienes siguen auspiciando homenajes a terroristas». Ha considerado que en el II Plan de Convivencia «han influido las directrices marcadas por quienes hoy siguen sin condenar el terrorismo».
Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha destacado que el II Plan de Convivencia es una «gran oportunidad» para, «entre todos y todas, diseñar la convivencia futura de Navarra». Ha apostado por construir «una convivencia multicultural y fraterna» y ha reclamado la demolición del Monumento a los Caídos de Pamplona «que sigue revictimizando a las víctimas del franquismo».
Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha criticado que se dediquen «millones a políticas de supuesta memoria que solo sirven para reabrir heridas y maltratar a las verdaderas víctimas». Ha abogado «una concordia real» y no una «memoria selectiva que impone una versión oficial de la historia».
