El «desconocimiento» sobre cómo aplicar correctamente la normativa y la falta de una «cultura inclusiva» consolidada en las empresas son dos factores que están dificultando el cumplimiento de la Ley de Discapacidad (LGD), según ha advertido Fundación Randstad.

En este sentido, ha recordado que la Ley de Discapacidad establece que las empresas de más de 50 trabajadores deben reservar al menos un 2% de su plantilla a personas con discapacidad. Cuando la contratación directa no es posible, ha añadido que la normativa contempla medidas alternativas «siempre sujetas a autorización administrativa, para garantizar el compromiso de las compañías con la inclusión laboral».

En este contexto, Fundación Randstad ha destacado que, pese a la existencia de dicho marco legal ya consolidado, la integración laboral de las personas con discapacidad «sigue siendo un reto». En concreto, ha indicado que en España hay 1,9 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, pero su tasa de empleo apenas alcanza el 28,9%, frente al 67,5% de la población general, según la última Estadística de Discapacidad en el Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por este motivo, la entidad ha analizado qué puede estar fallando a la hora de cumplir la Ley de Discapacidad con el fin de asesorar «mejor» a las empresas «para que cada vez sean más las que lleven a cabo una inclusión real».

Según la entidad, hay organizaciones no tienen claro cómo aplicar correctamente estas medidas alternativas, qué requisitos deben cumplir o qué riesgos legales implica una aplicación incorrecta. Esta falta de información genera «inseguridad» jurídica y, en consecuencia, frena el cumplimiento efectivo de la ley, especialmente en compañías que no cuentan con equipos especializados en inclusión.

La fundación también detecta un estancamiento en la contratación directa de personas con discapacidad. Aunque la ley obliga a cumplir la cuota del 2%, ha avisado de que hay empresas que encuentran dificultades para alcanzarla.

«Entre las causas más habituales se encuentran la falta de candidatos con discapacidad en determinados perfiles profesionales, la ausencia de una cultura inclusiva consolidada y la existencia de procesos de selección que no siempre son accesibles o adaptados. Todo ello limita la incorporación efectiva de talento con discapacidad y dificulta el cumplimiento de la normativa», ha señalado.

En este contexto, Fundación Randstad ha recalcado que el incumplimiento de la Ley de Discapacidad no solo puede conllevar sanciones económicas, sino también la prohibición de contratar con el sector público, con el consiguiente impacto reputacional.

Finalmente, desde la fundación han subrayado que cada vez más compañías demandan asesoramiento experto para cumplir la normativa «con garantías, visibilizar casos de éxito y medir el impacto de sus acciones».