También se somete a votación la norma de Consumo que limita los precios de productos en situaciones de emergencia
El Pleno del Congreso votará el jueves, 26 de febrero, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, que son los de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.
Como todo decreto ley, estos textos están en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero tienen que ser sometidos al Congreso para acordar su derogación o convalidación definitiva en un plazo de treinta días.
El decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios incluye ayudas que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros en función de la categoría de daños sufridos. Por su parte, el decreto de tope a los precios tiene por objeto limitar, por ejemplo, productos y servicios en situaciones como las de los accidentes ferroviarios del pasado enero o los temporales de Andalucía.
De esta forma, el Gobierno tendrá la potestad de topar el precio de un servicio o producto cuando declare una situación de emergencia, fijando que el precio no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este en los treinta días naturales anteriores al comienzo de esta situación.
SE DESGAJAN PENSIONES Y ESCUDO SOCIAL
Por otro lado, el Parlamento decidirá que hará con los decretos para prorrogar la prohibición de desahucios a gente vulnerable y la revalorización de las pensiones, medidas que ya se sometieron a votación hace menos de un mes al Congreso en un mismo texto legislativo que fue rechazado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
Los grupos que tumbaron ese texto esgrimieron, entre otros argumentos, que estaban a favor de la revalorización de las pensiones pero no de la moratoria antidesahucios ni de la prohibición de cortes de suministros básicos a la gente vulnerable, por lo que el Gobierno decidió dividir el decreto en dos textos.
Además, el Ejecutivo introdujo una modificación a petición del PNV en el decreto del escudo social para que la prohibición de desahuciar no afecte a los propietarios que sólo tienen una vivienda en alquiler. Pese a esta modificación, PP, Vox y Junts han dicho que siguen estando en contra del decreto.
