Gamarra dice que la regularización masiva puede ser un «coladero» y alerta de que la política de Sánchez es un riesgo para la seguridad

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este lunes que su partido enmendará la Ley de Multirreincidencia en el Senado para evitar que la regularización masiva de migrantes que ha aprobado el Gobierno no sea un «coladero», no haya «impunidad» para el delito y no se «premie» a delincuentes.

En una rueda de prensa en la sede nacional de PP, tras la reunión del comité de dirección del PP, Gamarra ha señalado que es «un sin sentido estar luchando» contra la multirreincidencia –una norma ahora en tramitación parlamentaria–, pero que haya personas que con la regularización de migrantes obtengan «un premio» pese a tener «antecedentes policiales» o «procedimientos penales abiertos». «No cabe la impunidad», ha exclamado Gamarra,

Gamarra ha denunciado que el Ejecutivo pretende una «regularización masiva» que puede superar los 1,2 millones de personas en situación irregular, según cifras de la Policía Nacional, «sin ni siquiera solicitarles un certificado de antecedentes penales».

Según la dirigente del PP, «las mafias y los delincuentes con este Gobierno están de enhorabuena» y «se van a forrar a costa del tráfico de seres humanos». «No se exige un contrato de trabajo, ni de formación. Nada. Es un proceso de regularización automático», ha aseverado.

EVITAR QUE LA REGULARIZACIÓN SEA UN «COLADERO»

Tras subrayar que la política migratoria del Gobierno de Sánchez supone «un riesgo» para la seguridad, ha avanzado que el Grupo Popular presentará una enmienda en el Senado a la Ley de Multirreincidencia para evitar que el proceso de regularización de inmigrantes sea un «coladero» de delincuentes.

Así, ha avanzado que el PP incorporará enmiendas a la Ley contra la Multirreincidencia en el Senado –donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta– para que no se admita la declaración responsable «bajo ningún supuesto» y se refuercen los controles de antecedentes de las personas que soliciten la regularización.

«Debemos diseñar otro tipo de política migratoria. ¿Cuál? Pues evidentemente aceptando que no caben declaraciones responsables de quienes hayan cometido delitos», ha subrayado la vicesecretaria del PP.

Según Gamarra, hay que «tener en cuenta los antecedentes penales y también los procedimientos penales que tengan en curso en España aquellos que quieran solicitar una regularización». «No podemos obviar los antecedentes policiales. Deben de ser comprobados y deben de ser tenidos en cuenta también a la hora de determinar si una persona es un riesgo para nuestra seguridad», ha apostillado.

Además, Gamarra ha indicado que «no cabe la suspensión de procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión que se hayan podido poner en marcha en nuestro país o de expulsiones que ya se hayan acordado como sanción dentro de esos procedimientos».

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha recalcado que el compromiso de su partido es que España sea un «país seguro» y que «el que venga aquí a delinquir no pueda encontrar impunidad y «no pueda convertirse el delito en oficio».

ALEGACIONES DE LAS CCAA ANTE POSIBLE «COLAPSO» DE SERVICIOS PÚBLICOS

Asimismo, Gamarra ha indicado que todas las comunidades del PP han presentado alegaciones ante la regularización masiva de migrantes porque es una norma que va a generar un «colapso» de servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda. «La inmigración es competencia exclusiva del Estado, pero las consecuencias de la regularización recaen directamente sobre las CCAA y los ayuntamientos», ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que esta semana el PP llevará al Parlamento una batería de iniciativas parlamentarias que buscan la ejecución efectiva de expulsiones y el rechazo al real decreto de regularización. También interpelarán a la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

La dirigente del PP ha expresado la preocupación de su partido ante la política de inmigración «sin rumbo» del Gobierno que, a su juicio, está llevando a España a ser «un paraíso para las mafias que trafican con seres humanos».

Finalmente, ha defendido una inmigración «ordenada, legal y humana» poniendo límites, condiciones y reglas «muy claras», fundamentada en «poner orden al desorden, imponer mano dura contra las mafias y delincuencia, y mano tendida a quien venga a prosperar».