La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que las autoridades sudafricanas no han protegido correctamente a los denunciantes que exponen la corrupción y las actividades delictivas en el Gobierno y en empresas estatales, por lo que ha reclamado «acciones concretas» para proteger a estas personas y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
«La magnitud y frecuencia con la que los denunciantes son atacados y asesinados por exponer organizaciones criminales y la corrupción es alarmante y plantea serias preocupaciones sobre su seguridad y protección en Sudáfrica», ha declarado la investigadora de Human Rights Watch para este país Nomathamsanqa Masiko-Mpaka. «Las autoridades sudafricanas deberían reforzar urgentemente las medidas de seguridad para los denunciantes y abordar las limitaciones del marco legal vigente», ha agregado.
En este sentido, la ONG ha puesto el foco sobre los «asesinatos selectivos» contra denunciantes en la Sudáfrica tras el ‘apartheid’, aludiendo a algunos tan recientes como los asesinatos en 2025 de dos denunciantes, Mpho Mafole –un auditor forense municipal de 47 años muerto cuatro días después de presentar sus conclusiones sobre unas irregularidades en una licitación de baños químicos móviles por 1.800 millones de rands– y Marius Van Der Merwe, un exagente de Policía que testificó fuera de cámara ante la Comisión Judicial de Investigación sobre Criminalidad, Injerencia Política y Corrupción acerca de una serie de acusaciones de corrupción en el Departamento de Policía Metropolitana de Ekurhuleni.
Pese a la desprotección que sufren quienes las llevan a cabo, la abogada de la organización sudafricana Corruption Watch Nkululeko Conco ha afirmado a HRW que «la denuncia de irregularidades es fundamental para combatir la corrupción y mejorar la transparencia; sin embargo, también ha demostrado ser fatal en demasiados casos». En consecuencia, ha argumentado, la reforma legislativa debería «consolidar el enfoque fragmentado sobre la denuncia de irregularidades, que se articula en diversas leyes».
Se trata de un asunto que incluso el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, abordó en su discurso sobre el Estado de la nación el pasado 12 de febrero, cuando reiteró su compromiso previo de presentar un nuevo Proyecto de Ley de Protección de Denunciantes en el Parlamento. «No podemos aceptar que quienes denuncian la corrupción sean víctimas y se conviertan en blanco de ataques», dijo entonces, si bien el proyecto no ha sido aprobado.
Ante este contexto, Human Rights Watch ha apuntado que el Gobierno sudafricano «necesita urgentemente» traducir su compromiso en «acciones concretas», como el citado texto y la implementación de salvaguardias integrales para los denunciantes.
«Las autoridades sudafricanas no pueden permitirse el lujo de reciclar promesas vacías porque la vida de los denunciantes está en riesgo», ha incidido Masiko-Mpaka, agregando que «los denunciantes no necesitan promesas, sino medidas específicas, mensurables y tangibles para garantizar su seguridad y poner fin al riesgo de represalias y violencia».
