Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha ratificado este miércoles la política de la Administración de Donald Trump que permite la detención masiva de migrantes en espera de deportación sin derecho a libertad bajo fianza.

En un fallo con dos votos a favor y uno en contra, el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito ha dictaminado que el Departamento de Seguridad Nacional actuó justificadamente al detener a personas sin posibilidad de fianza.

En concreto, la decisión de la corte, formada por magistrados nombrados por mandatarios republicanos –dos por Trump y uno por el expresidente George W. Bush–, ha revertido la tomada por un tribunal de distrito que, según el fallo, «erró al sostener que el Gobierno no podía detener a Ávila sin fianza (…) y al conceder el recurso de habeas corpus».

Con todo, el juez Ralph Erickson, nombrado por Trump, ha mostrado su disenso con la decisión, que «sostiene que Ávila –y millones de personas más– están sujetas a detención obligatoria». «Al hacerlo, el tribunal no se basa en una acción reciente del Congreso ni en un cambio en las regulaciones que rigen la detención, sino que recurre a una interpretación novedosa de ‘extranjero que solicita admisión’ que había eludido a los tribunales y a cinco administraciones presidenciales anteriores», ha afeado.

Sin embargo, quien sí ha celebrado el fallo ha sido la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que lo ha descrito como una «contundente victoria judicial contra jueces activistas y a favor de la agenda de ley y orden del presidente Trump». «La ley es muy clara, pero los demócratas y los jueces activistas no han querido hacerla cumplir. Esta administración sí lo hará», ha subrayado.