Las autoridades estatales ignoran las órdenes del Gobierno federal y reeligen al presidente Abdiaziz Laftagareen.

Naciones Unidas avisa que el repunte de la tensión política de esta semana en el estado somalí de Suroeste ha dejado al menos 45.000 desplazados en siete días, mientras las autoridades locales han redoblado su desafío a un gobierno federal que ya no las reconoce al elegir de nuevo este sábado al presidente Abdiaziz Laftagareen.

La crisis estalló a última hora del domingo pasado, cuando el Gobierno somalí declaró que la autoridad de Laftagareen había expirado y que no admitiría ningún tipo de nombramiento futuro que emergiera de esta administración.

En el fondo de la cuestión estaba el rechazo de las autoridades del estado, como varios más del país, a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente del país, Hasan Sheij Mohamud.

La gota que colmó el vaso ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando el presidente somalí aprobó (en medio de destacadas ausencias opositoras durante la votación parlamentaria) una nueva Carta Magna que abre la puerta a una ampliación de su mandato y modifica sustancialmente la estructura federal del país al reforzar el sistema de partidos en detrimento del tribalismo tradicional.

Esta semana, las autoridades del estado avisaron de que la crisis se había agravado al denunciar el despliegue de fuerzas militares somalíes por motivos políticos bajo la excusa de la lucha contra la organización yihadista Al Shabaab.

Como consecuencia de todo esto, decenas de miles de personas se han marchado de sus hogares para escapar a la capital, Baidoa, donde ya sobreviven más de 430.000 desplazados por el conflicto y la sequía.

«En particular, las mujeres, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad recientemente desplazadas se enfrentan ahora a mayores riesgos de protección y a un empeoramiento de las condiciones humanitarias en las afueras de la ciudad de Baidoa», ha lamentado el coordinador humanitario de la ONU para Somalia, George Conway.

«Hago un llamamiento a la desescalada inmediata y a evitar cualquier actividad que pueda derivar en un conflicto violento. Todas las partes deben actuar ahora para reducir las tensiones y crear las condiciones necesarias para que las familias desplazadas puedan regresar a sus hogares de forma segura y con dignidad», ha pedido.