El PP ha alertado de la falta de mecanismos efectivos de «control y supervisión» del uso de algoritmos en el sector público español, por lo que ha pedido al Gobierno impulsar una estrategia de inteligencia artificial en la administración pública que establezca objetivos concretos, indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación.

Mediante una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Hacienda del Congreso, el Grupo Popular denuncia «opacidad» en la toma de decisiones automatizadas, riesgo de sesgos discriminatorios y la posible afectación a derechos fundamentales por el uso de algoritmos y de inteligencia artificial.

En ese contexto, los de Alberto Núñez Feijóo exigen una respuesta normativa y organizativa «inmediata», que sea auditable y se emprenda desde la responsabilidad pública. Asimismo, considera que la incorporación de la inteligencia artificial debe ir acompañada de un refuerzo de las capacidades institucionales.

Y es que, según el PP, los países que están liderando la transformación digital en la administración pública han apostado por estrategias nacionales integrales, que combinan gobernanza, desarrollo de talento, infraestructuras de datos y colaboración público-privada.

«España, sin embargo, sigue careciendo de una hoja de ruta clara, coherente y evaluable en este ámbito», avisa el Grupo Popular, que a renglón seguido lanza una batería de propuestas al Gobierno.

PRIORIZAR SU USO EN LA SANIDAD Y LA JUSTICIA

Entre esas propuestas, el PP insta al Gobierno a impulsar la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la prestación de servicios públicos, priorizando ámbitos de alto impacto como la sanidad, los servicios sociales, la justicia, la gestión tributaria y la atención ciudadana, garantizando siempre la supervisión humana.

También piden que se garanticen los principios de transparencia, trazabilidad, explicabilidad y rendición de cuentas en el uso de la IA, con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocer, comprender y, en su caso, impugnar las resoluciones correspondientes.

A su vez, emplazan al Ejecutivo a desarrollar una política nacional de datos públicos interoperables y de calidad, como base para el despliegue efectivo de la inteligencia artificial en la administración, a través del refuerzo de los sistemas de interoperabilidad y compartición de información entre administraciones.

Otra propuesta pasa por impulsar la capacitación y formación especializada en IA del personal al servicio de las administraciones públicas, incorporando competencias digitales avanzadas en los procesos de selección y promoción profesional.

Por último, el PP insta al Gobierno a fomentar la colaboración público-privada y con el ámbito académico, con el fin de acelerar la innovación en inteligencia artificial aplicada al sector público, garantizando la protección del interés general y la soberanía tecnológica del país.