Más del 80 por ciento de las personas condenadas en Hong Kong condenadas bajo el paraguas de la controvertida Ley de Seguridad Nacional han sido criminalizadas de manera injusta y ni siquiera deberían haberse presentado cargos contra ellas, según un informe de la ONG Amnistía Internacional que coincide con el quinto aniversario de la entrada en vigor de una norma que estrecha el cerco de Pekín sobre el territorio.

En total, Amnistía tiene constancia de 255 casos en los que se ha aplicado la ley desde junio de 2020 y señala como grandes motivos de preocupación la persecución de la libertad de expresión, el largo tiempo de encarcelamiento y el abuso de la prisión provisional –sólo en uno de cada diez casos se aplicó libertad bajo fianza–. Casi al 90 por ciento de las personas imputadas se les negó la libertad bajo fianza, lo que implicó de media once meses de prisión preventiva.

De los 78 casos ya cerrados, al menos 66 corresponden a situaciones que Amnistía Internacional entiende como de «expresión legítima», un patrón que se repite en al menos 108 de los 127 casos de sedición. Amnistía Internacional ha señalado que este tipo de datos evidencian que «se han cumplido los temores» expuestos ya hace cinco años, dando por hecho que Hong Kong ha retrocedido en materia de garantías judiciales, protección de los Derechos Humanos y del Estado de derecho, con un resultado «devastador».

La directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, ha advertido de que la Ley de Seguridad Nacional ha terminado por transformar Hong Kong de «una ciudad de tolerancia y debate» a otra de «represión y autocensura», toda vez que las autoridades han recurrido a ella para «atacar a las voces de la oposición y fomentar una atmósfera de temor».

Brooks ha instado a la antigua colonia británica a dejar de aplicar «inmediatamente» la ley y ha llamado a otros gobiernos a «reaccionar» y utilizar su influencia para presionar tanto a Hong Kong como a Pekín para que deroguen dicha normativa.