La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación destinará 8,86 millones de euros en ayudas a las diez universidades públicas andaluzas para impartir microcredenciales. Esta modalidad formativa tiene como finalidad que la población de entre 25 y 64 años «adquiera, actualice y mejore los conocimientos, habilidades y capacidades necesarios para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado laboral».

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes la orden firmada por el consejero José Carlos Gómez Villamandos que recoge las bases que regulan la concesión de estas subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. Una vez aprobada esta normativa, la Consejería de Universidad tiene previsto publicar la convocatoria de subvenciones durante el próximo mes de noviembre, ha explicado la Junta en una nota de prensa.

De acuerdo con este documento, los 8,86 millones de euros consignados para Andalucía estarán financiados con fondos europeos de recuperación, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La andaluza es la autonomía que cuenta con más dotación en el contexto nacional, con un 18,28% del presupuesto global, por delante de Cataluña (7,89 millones y un 16,27%) y la Comunidad de Madrid (6,97 millones y un 14,38%).

En la oferta andaluza, que se compone de 10.640 microcredenciales distribuidas en 190 formaciones, se incluye la correspondiente a Ceuta y Melilla, a través de la Universidad de Granada, con un mínimo de 240 microcredenciales. En el conjunto del territorio nacional, el sistema público de educación superior dispone de 48,5 millones de euros para poner en marcha 60.000 microcredenciales.

En la comunidad, los 8,86 millones se distribuirán entre las diez universidades públicas andaluzas atendiendo a criterios de población de la provincia en la que se localizan, siguiendo las directrices marcadas también en el reparto entre regiones. Tras una fase de diálogo y negociación de la Consejería de Universidad con las instituciones académicas para ajustar las partidas correspondientes a cada una de ellas, la Universidad de Almería dispondrá de un montante de 812.662 euros para poner en marcha 17 formaciones con un mínimo de 975 microcredenciales y la Universidad de Cádiz podrá hacer uso de 1,08 millones de euros para implantar 23 formaciones y 1.305 microcredenciales.

Por su parte, la Universidad de Córdoba optará a 815.527 euros, una partida que se dirigirá a 17 formaciones y 979 microcredenciales; la de Granada tiene asignado un montante de 1,10 millones para 24 formaciones y 1.326 microcredenciales y la de Huelva, 695.347 euros para 15 formaciones y 834 microcredenciales. La cuantía para la Universidad de Jaén se concreta en 738.249 euros, con 16 formaciones y 886 microcredenciales; para la de Málaga se cuantifica en 1,34 millones, con 29 formaciones y 1.617 microcredenciales, y para la de Sevilla el importe estipulado asciende a un millón de euros, desgranado en 22 formaciones y 1.208 microcredenciales.

Por último, la planificación establecida para la Pablo de Olavide le permitirá implantar 18 formaciones con 1.030 microcredenciales con un presupuesto de 857.699 euros, mientras que la fijada para la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) se sitúa en 400.000 euros (nueve formaciones y 480 microcredenciales).

Las microcredenciales se implementarán en el sistema público andaluz entre los cursos 2024/2025 y 2025/2026. Este tipo de enseñanza podrá ser presencial, semipresencial o virtual y tendrá formato breve, ya que será inferior a los 15 créditos. Enmarcado en la formación permanente, con este aprendizaje se pretende ofrecer una solución eficaz para toda la población adulta que necesite mejorar su empleabilidad o actualizar sus conocimientos y que no dispone de los medios ni del tiempo necesarios para cursar programas de larga duración.

Por ello, la implementación de estas microcredenciales se llevará a cabo mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación. Además, las universidades que las impartan deberán ofrecer itinerarios formativos personalizados y flexibles en los que la agregación y combinación de microcredenciales dé lugar a o sea reconocida para la obtención de títulos de nivel superior, tales como otros títulos propios, másteres o grados.

El diseño de esta modalidad deberá basarse en un análisis previo de las necesidades de recualificación de la población adulta, así como de los sectores productivos, las administraciones y las entidades sociales con el fin de facilitar la programación y actualización de estas pequeñas formaciones para las personas trabajadoras y sus empleadores.

Una parte de la oferta se orientará a colectivos de personas en situación de vulnerabilidad social y necesidades formativas específicas en colaboración con entidades sociales y las administraciones. Asimismo, se contemplará la concesión de becas o ayudas a las personas con rentas bajas, situación de desempleo u otros factores de vulnerabilidad social para facilitar el acceso a la recualificación.

Para acceder a estas enseñanzas no será obligatorio poseer una titulación universitaria previa. Asimismo, su contenido se centrará en temas especializados, a partir de la identificación de carencias de competencias en los sectores productivos o de necesidades sociales. Además de la recualificación y actualización de conocimientos y competencias, esta formación también podrá estar orientada a la inserción social enfocada a lograr que grupos de población vulnerable puedan adquirir competencias y capacidades relevantes para acceder a un primer empleo o facilitar el acceso a la educación superior. Las microcredenciales se impartirán por equipos docentes expertos formados por profesorado universitario y profesionales externos a la universidad.

Las bases reguladoras determinan que podrán financiarse a través de este programa las actuaciones derivadas de la organización, producción e impartición de las acciones formativas, la formación del personal docente en el diseño, pedagogía y evaluación en la educación para adultos o la adquisición de equipamiento. A esto se suman las actividades de intermediación entre las universidades y los sectores productivos, administraciones públicas y entidades sociales, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas, así como con los trabajadores autónomos, el tercer sector y las administraciones locales.

Asimismo, pueden costearse con estos fondos la concesión de becas a personas con rentas bajas o en situación de desempleo, las actuaciones de gestión necesarias para la organización e impartición de las formaciones o las destinadas al seguimiento y evaluación de las microcredenciales.