El socialdemócrata Bernardo Arévalo asume este domingo el cargo de presidente de Guatemala para los próximos cuatro años, en medio de las presiones judiciales ejercidas por una muy cuestionada Fiscalía contra su inesperado triunfo en las elecciones de agosto, que rompió así con décadas de gobiernos conservadores.
Arévalo se ha topado con los escollos de una Fiscalía que intentó incluso impedirle el derecho a competir en una segunda vuelta que se había ganado en las urnas y que está seguro que no ha dicho todavía su última palabra.
«Algo van a intentar», ha advertido esta semana Arévalo durante una de sus últimas entrevistas antes de asumir como presidente. «Son patadas de ahogado. Lo hemos dicho insistentemente, son medidas desesperadas de gente que está a punto de perder el negocio y tratan de cualquier manera impedirlo», ha dicho.
Finalmente, un recurso de amparo del Constitucional aseguró su participación en aquella segunda ronda, en la que se impuso holgadamente al oficialismo. Desde entonces, ha sido objeto de una persecución protagonizada por la Judicatura, con algunos de sus representantes incluidos en esas listas elaboradas por Estados Unidos para señalar a supuestos agentes antidemocráticos y corruptos.
Es el caso de la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras –a quien Arévalo ya ha confirmado que le solicitará su renuncia–, los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche, o el juez Fredy Orellana, quien esta semana instó de nuevo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a cumplir con la suspensión del Movimiento Semilla, el partido de Arévalo en las elecciones.
La persecución ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales que, en sintonía con las denuncias de Arévalo, han llegado a hablar de «golpe de Estado técnico», así como por un gran sector de la población guatemalteca, descontenta con el «pacto de los corruptos» denunciado por el nuevo presidente.
PERSECUCIÓN JUDICIAL
El Movimiento Semilla centró su campaña en mensajes contra la corrupción y la recuperación de la democracia, en un país en el que durante años el sistema tradicional de partidos cooptó las instituciones en benefició de intereses particulares de políticos, empresarios, militares e incluso del crimen organizado.
La primera etapa de esta persecución comenzó cuando tras conseguir colarse en la segunda vuelta contra todo pronóstico, los a priori favoritos de aquella cita, como el oficialista Vamos, exigieron la repetición de los comicios bajo alegaciones de fraude, en contra de la transparencia defendida por las misiones internacionales.
Posteriormente, entraron en escena la fiscal general Porras y el fiscal especial Curruchiche, quienes presentaron una demanda por fraude contra el Movimiento Semilla por el supuesto uso de firmas falsas para poder ser inscrito.
RETOS DEL NUEVO GOBIERNO
Hijo del primer presidente electo del país, el bien considerado Juan José Arévalo (1945-1951) –responsable de profundas reformas sociales– tendrá como principal reto la gobernabilidad de un país que ha vivido uno de sus procesos electorales más convulsos de los últimos tiempos.
Además de con los procesos abiertos en su contra, la suspensión del Movimiento Semilla, o los intentos de los fiscales por despojarle de su inmunidad, Arévalo se las tendrá que ver con un Congreso controlado por los conservadores, en el que solo cuenta con 23 de los 160 escaños de los que está formado.
Arévalo ha prometido invertir en infraestructuras para generar puestos de empleo y trabajar en el desarrollo de las áreas afectadas por la pobreza con el fin de prevenir no solo el crimen sino también las migraciones masivas a Estados Unidos.
Para llevar a cabo esas reformas que tanto precisa el país deberá ponerse de acuerdo además de con unos sectores sociales con los que parece congeniar, también con una clase dirigente vinculada al Ejército y al sector privado que ya le ha evidenciado sus reticencias al cambio.
