Representantes del sector de la arquitectura y del notariado han coincidido este jueves en la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el reequilibrio territorial, agilicen los trámites administrativos y aumenten la oferta residencial para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, especialmente en las grandes áreas urbanas.

Durante la jornada ‘Arquitectos y Notariado: rigor profesional ante la crisis de la vivienda’, organizada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae) y el Consejo General del Notariado (CGN), los participantes han señalado que el problema responde a causas estructurales acumuladas durante décadas, entre ellos el desfase entre la creación de hogares y la construcción de viviendas, la reducción de la vivienda protegida y la concentración de población y actividad económica en determinadas áreas metropolitanas.

La presidenta del Cscae, Marta Vall-llossera, ha defendido medidas a corto plazo para incorporar al mercado vivienda vacía con seguridad jurídica, así como actuaciones de colaboración público-privada y la puesta en el mercado de suelo finalista para incrementar la oferta residencial en el medio plazo.

Por su parte, la presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio del Olmo, ha apostado por reforzar la seguridad jurídica tanto en la compraventa como en el mercado del alquiler.

En la jornada también se han presentado datos del mercado residencial elaborados por el Centro Tecnológico del Notariado, que reflejan una tensión en los territorios con mayor presión de la demanda. Asimismo, se ha destacado la dificultad del acceso a la vivienda para los jóvenes, ya que el peso de los compradores de entre 18 y 30 años ha pasado del 22,5% en 2007 al 9,6% en 2025.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Cscae, Susana Moreno, ha advertido de que en España se crean cada año alrededor de 250.000 hogares, frente a menos de 125.000 viviendas construidas, y ha reclamado acelerar la concesión de licencias, impulsar la rehabilitación y desarrollar planes estables de vivienda.

Los participantes en la mesa redonda final coincidieron en que la solución pasa por aumentar la oferta, reforzar la colaboración entre administraciones y sector privado y adaptar las políticas a las diferentes realidades territoriales.