La Comisión Europea ha abierto este miércoles una consulta pública sobre cambios en las normas de capital que se exigen a los bancos por sus operaciones en los mercados financieros, con el objetivo de adaptar la regulación al riesgo real de estas actividades y evitar desventajas frente a competidores internacionales.

La propuesta se enmarca en la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB, por sus siglas en inglés), parte de los acuerdos de Basilea III –el marco internacional que fija cuánto capital deben tener los bancos para garantizar su solidez–, que introduce métodos más precisos para calcular el riesgo de las actividades de negociación de las entidades.

Aunque la mayor parte de las normas de Basilea III ya se aplican en la UE desde enero de 2025, este bloque sigue pendiente de implantación y está previsto que entre en vigor en enero de 2027.

El borrador presentado por Bruselas plantea ajustes puntuales para suavizar el impacto que estas nuevas reglas tendrían sobre los niveles de capital exigidos a las entidades, en particular en sus operaciones de ‘trading’.

En concreto, propone medidas temporales durante tres años para evitar que los bancos europeos queden en desventaja frente a entidades de otros países donde estas normas se aplican de forma diferente o más gradual.

La Comisión subraya que el objetivo es garantizar unas condiciones de competencia equitativas a nivel internacional, en línea con su estrategia para reforzar la unión del ahorro y la inversión en la UE.

La consulta pública abierta ahora por el Ejecutivo comunitario no busca elaborar una nueva propuesta desde cero, sino que se refiere a un borrador ya avanzado que Bruselas somete a comentarios en esta fase final del proceso regulatorio, en la que pueden introducirse ajustes, aunque no se esperan cambios sustanciales.

Una vez cerrado este periodo, la Comisión prevé adoptar formalmente las nuevas normas en las semanas siguientes, en torno al 19 de mayo, tras lo cual se iniciará el procedimiento habitual de control por parte del Parlamento Europeo y el Consejo, con vistas a su entrada en vigor en 2027.