La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde al plan de ayudas públicas previstas por el Gobierno para apoyar con 1.500 millones de euros a agricultores afectados por los daños causados por temporales e inundaciones en Andalucía y Extremadura entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.
«La agricultura desempeña un papel crucial en la economía y la sociedad de la UE. Con esta decisión, la Comisión demuestra una vez más que está dispuesta a autorizar rápidamente la ayuda a los agricultores afectados por catástrofes naturales», ha indicado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.
Ribera ha apuntado que la frecuencia de las catástrofes naturales es «cada vez mayor» y ello supone una «amenaza importante» para la producción agrícola y la seguridad alimentaria en la Unión Europea, razón por la que Bruselas considera que las medidas compensatorias son «fundamentales para proteger el sector agrícola y garantizar su sostenibilidad a largo plazo».
En concreto, el programa de ayudas del Gobierno que este lunes ha recibido luz verde de la Comisión Europea estará en vigor hasta diciembre de 2026 y tendrá por objetivo evitar el cierre de explotaciones y preservar la producción agrícola.
Asímismo, informa el Ejecutivo comunitario, el plan proporcionará a los beneficiarios un apoyo financiero rápido para restablecer la capacidad de producción de las explotaciones afectadas.
En este contexto, las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas para cubrir hasta el 100% de los costes subvencionables, incluidos los daños materiales y la pérdida de ingresos resultante de la destrucción total o parcial de productos agrícolas o activos de producción agrícola.
Según indica Bruselas, España notificó a los servicios comunitarios su intención de compensar a los agricultores en Andalucía y Extremadura afectados por unas «graves inundaciones» que dañaron una superficie de más de 100.000 km2, es decir, más del 20% del territorio español. El temporal destruyó cultivos, causó daños materiales en bienes y medios de producción en las dos regiones y aumentó los costes de funcionamiento, explica el comunicado del Ejecutivo comunitario.
