La Comisión Europea aplica «tolerancia cero» contra la corrupción por lo que ha pedido a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) que investigue si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por la que fue detenido Koldo García –exasesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro– pudo afectar a los fondos de la Unión Europea.

«La Comisión Europea tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea y tiene tolerancia cero con el fraude», ha asegurado a Europa Press un portavoz comunitario, al ser cuestionado por el caso y su impacto en las arcas comunitarias.

Los servicios comunitarios están en «estrecho contacto» con las autoridades nacionales responsables de la gestión de los fondos europeos, en este caso el Ministerio de Hacienda, para determinar si hay dinero comunitario «involucrado».

Por ello, ha añadido el portavoz, desde Bruselas siguen el asunto «muy de cerca» y han remitido los detalles del ‘caso Koldo’ a la OLAF para pedirle que siga «investigando».

Precisamente este martes se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción envío a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) contratos del denominado ‘caso Koldo’ firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.

Según consta en la querella que presentó Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público español remitió documentación a EPPO el 8 de junio de 2023 a través de un decreto «al afectar a fondos de la Unión Europea».

Fuentes cercanas a la investigación confirman a esta agencia de noticias que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

A preguntas de Europa Press, la Fiscalía Europea ha evitado confirmar si está investigando el caso ya que este organismo «no hace comentarios sobre investigaciones en curso ni confirma públicamente en qué casos está trabajando para no poner en riesgo eventuales investigaciones en curso».

No obstante, las mismas fuentes recuerdan que la competencia de la EPPO es «obligatoria» toda vez que debe «comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que» los hechos investigados queden «bajo su ámbito competencial».